Defensoría del Pueblo advirtió que diferentes facciones tienen presencia en 237 municipios y 29 departamentos del país
A través de 136 Alertas Tempranas entre el año 2017 y 2022, la Defensoría del Pueblo ha advertido riesgos por la presencia y/o accionar de las facciones disidentes de las Farc. Esto corresponde al 52,5% del total de las alertas emitidas por la entidad.
La entidad ha advertido sobre el accionar de las disidencias de las Farc en 237 municipios y 29 departamentos del territorio nacional, principalmente en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Valle del Cauca. El accionar de este grupo armado tiene características muy variadas en las distintas regiones del país donde hace presencia.
Se evidencia la existencia de dos organizaciones disidentes, que para 2020 ya estaban conformadas por 23 estructuras: el Frente Primero (los Gentilianos), cuyo origen de organización es previo a la firma del Acuerdo de Paz y encabezado en su momento por Gentil Duarte, y la otra organización disidente es la denominada Segunda Marquetalia, la cual se configuró de manera posterior a la firma del Acuerdo de Paz en 2016, es decir, se originó luego que hubiesen desistido de continuar con lo firmado, como los casos de Jesús Santrich e Iván Márquez.
Las principales fuentes de financiación de las disidencias son el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, con un reciente incremento en los préstamos gota a gota.
Dentro de las alertas tempranas se ha podido identificar que las amenazas a personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, representan las conductas vulneratorias más recurrente, seguido del desplazamiento forzado y el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes.
El accionar de las disidencias de las Farc tiene características muy variadas en las distintas regiones del país, en varias zonas se encuentra en un proceso expansivo, en otras de consolidación y en otras en disputa con otros grupos armados.
Por ejemplo, Arauca ha sido utilizado como un territorio para obtener rentas financiándose con la extorsión y los “secuestros exprés”, además de las actividades ilegales de contrabando de ganado y bienes, sumando al robo de combustible, en la zona de frontera colombo venezolana.
En el departamento de Caquetá las disidencias creadas por Gentil Duarte han aplicado los manuales de comportamiento de las antiguas Farc, logrando la estandarización de cobro de extorsiones y restricción la movilidad.
En la región del Catatumbo, el grupo armado ilegal, mantiene la disputa del territorio con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
También han mostrado especial interés por el suroccidente del país. Las estructuras “Dagoberto Ramos” y “Jaime Martínez” tienen una abierta articulación con economías ilícitas, repartiendo el territorio y asentándose en la región, por medio de la imposición de normas, impartiendo justicia en veredas y poblaciones rurales, y propendiendo por el control de la población civil donde identifican aliados y enemigos.
Finalmente, en la región de la suramazonía las disidencias de las Farc, con los autodenominados “Frente Primero Carolina Ramírez” y “Comandos de la Frontera” (adscrita a la Segunda Marquetalia), intensificaron sus acciones armadas y violentas contra la población civil, al igual que buscan obtener el control territorial en zonas estratégicas de Puerto Leguízamo (Putumayo).
