La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió este lunes una serie de riesgos asociados a la suspensión de órdenes de captura contra cabecillas del Clan del Golfo, así como a la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), en el marco de los acercamientos de paz impulsados por el Gobierno Nacional.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que el proceso presenta preocupaciones relacionadas con los derechos de las víctimas, al advertir que no existirían aún acuerdos suficientemente claros sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Según la funcionaria, la falta de definiciones concretas podría generar riesgos de impunidad y afectar la confianza en los procesos de negociación, además de abrir la posibilidad de escenarios de rearme o incumplimiento por parte de los grupos armados.
La Defensoría también alertó sobre el impacto que estas medidas podrían tener en contextos electorales y de seguridad, señalando que la concentración de integrantes armados en determinadas zonas podría aumentar la presión sobre comunidades y la libertad de los electores en territorios con presencia de estructuras ilegales.
Asimismo, el organismo expresó preocupación por las condiciones de seguridad en algunas de las zonas donde se proyectan las ZUT, mencionando territorios con presencia activa de confrontación armada o influencia de grupos ilegales, lo que podría generar riesgos adicionales para la población civil.
Otro de los puntos señalados por la Defensoría tiene que ver con la posible afectación de comunidades étnicas, al advertir que la implementación de estas zonas requiere procesos de consulta previa y garantías sustanciales para la protección de sus derechos colectivos, especialmente en territorios con presencia indígena y afrodescendiente.
Finalmente, la entidad instó al Gobierno del presidente Gustavo Petro a sustentar de manera rigurosa sus decisiones y a reforzar las medidas de mitigación de riesgos antes de avanzar en la instalación y operación de las Zonas de Ubicación Temporal.
La Defensoría reiteró que cualquier proceso de paz debe desarrollarse bajo estrictos controles institucionales y con garantías verificables para la población civil, en medio del complejo panorama de orden público que atraviesan varias regiones del país.
