La Contraloría General de la República alertó que tras revisar la situación en 20 establecimientos penitenciarios del país priorizados por la Corte Constitucional en las sentencias que declararon el Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema carcelario, se detectaron hallazgos fiscales por más de 169.000 millones de pesos.
De acuerdo con el ente de control el hallazgo fiscal de mayor cuantía fue por $65.926 millones, que corresponde al proyecto de construcción de la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad (Camis) de Yarumal (Antioquia), que nunca se concretó y se convirtió en un elefante blanco.
Pero también se encontraron irregularidades por no entregar la Infraestructura Modular Penitenciaria EPMSC Santa Marta por valor de $25.606.931.286; la no terminación ni entrega de la Infraestructura Modular Penitenciaria EPMSC Barranquilla, por $23.783.529.578; la no terminación ni entrega de la Infraestructura Modular Penitenciaria EPMSC Cartagena por $23.219.811.941 y la no terminación y puesta en funcionamiento de la Infraestructura Modular Penitenciaria CPAMSCAS La Paz Itagüí – Antioquia, por valor de $25.639.435.911.
Adicionalmente, existen pabellones, ampliaciones y estructuras, con 2.721 cupos aproximadamente, que no han entrado en operación, y aumenta la problemática de sobrepoblación, lo que permite concluir que “en los establecimientos evaluados no se garantizan las condiciones mínimas para reclusión de Población Privada de la Libertad (PPL) y una correcta prestación de servicios penitenciarios por parte de INPEC”.
Sumado a este panorama, la problemática de hacinamiento persiste de manera generalizada, sin embargo, las condiciones de espacios de estar y de circulación son más graves en Palmira, Cúcuta, Pedregal y Valledupar.
Asimismo, se evidenciaron deficiencias en el suministro de agua potable y evacuación de aguas residuales en la cárcel La Modelo de Bogotá, en las plantas de tratamiento que están fuera de operación en Cúcuta, y en las filtraciones y fugas en redes y obras hidráulicas sin concluir en Palmira y Valledupar.
Por otro lado, la Contraloría resaltó que los servicios de alimentación en las cárceles se prestan a través de operadores que se encuentran en problemas financieros y logísticos para garantizar las condiciones pactadas.
Además, existen graves problemas de abastecimiento de materia prima en cárceles como La Modelo, en Bogotá, y Pedregal, en Medellín, con lo que se encuentra en riesgo la seguridad alimentaria de los privados de la libertad.
“Las condiciones de producción y reparto de los diferentes tiempos de comida impiden garantizar de manera generalizada tiempos de entrega, temperaturas, porciones y componentes del menú. El reparto de alimentos a cargo de la propia Población Privada de Libertad impide que el INPEC pueda garantizar la adecuada alimentación de cada recluso, en materia de tiempos de entrega, temperaturas, porciones y componentes”, se lee en el informe.
En cuanto a las deficiencias en la prestación del servicio de salud a la Población Privada de la Libertad, según la Contraloría se siguen presentando, pues hay fallas en la atención médica, la mayoría de los establecimientos presentan citas pendientes o represamiento de exámenes médicos especializados, radiologías, ecografías etc. Asimismo, se presenta demoras en citas con especialistas o pérdida de citas por no contar con el apoyo logístico para la asistencia.
“Algunas unidades de sanidad y sus equipos presentan falta de mantenimiento, se encuentran ubicadas en sitios de difícil acceso para personas con discapacidad y no cuentan con instalaciones independientes para atender adultos mayores, personas con problemas mentales o con enfermedades como el VIH”, explicó el ente de control.
Finalmente, a través de las visitas a los establecimientos se evidenció que los bienes encontrados en talleres, áreas educativas y culturales, son mantenidos los privados de la libertad y en algunos casos utilizan recursos propios para garantizar su funcionamiento.
