El exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez se pronunció en medio del debate jurídico que enfrenta al Gobierno nacional con la Fiscalía General de la Nación por la eventual suspensión de órdenes de captura contra integrantes del denominado Clan del Golfo.
La controversia surgió luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara la suspensión de las órdenes de captura contra algunos cabecillas de esa estructura armada, entre ellos alias ‘Chiquito Malo’, como parte de eventuales acercamientos en el marco de la política de “paz total”.
Sin embargo, la fiscal general de la Nación decidió no levantar dichas órdenes, lo que generó un choque institucional sobre las competencias para tomar ese tipo de decisiones en el sistema judicial colombiano.
En ese contexto, Gómez Méndez respaldó la postura de la Fiscalía y señaló que el presidente de la República no tiene la facultad de ordenar la suspensión de capturas sin el aval del ente acusador, reiterando la autonomía de la entidad en materia de investigación penal.
El exministro enfatizó que las decisiones sobre órdenes de captura corresponden exclusivamente a la autoridad judicial competente, lo que ha reavivado el debate sobre los límites del Ejecutivo en asuntos relacionados con procesos de justicia y seguridad.
La discusión se mantiene abierta mientras distintos sectores jurídicos y políticos analizan el alcance de las competencias del Gobierno y la Fiscalía en el marco de los procesos de sometimiento o negociación con grupos armados ilegales.
