El Juzgado Administrativo de Bogotá admitió una demanda de reparación directa presentada por la familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en Barú, Cartagena, el 10 de mayo de 2022.
La acción legal está dirigida contra el Estado colombiano, representado por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, así como contra la cadena hotelera Decameron, donde Pecci se hospedaba al momento del ataque.
La familia de Pecci —incluyendo su viuda, hijo, padres, hermanos y sobrinos— reclama una indemnización superior a los millones de pesos por perjuicios morales, materiales, inmateriales y lucro cesante. La demanda alega que tanto el Estado como el hotel incurrieron en omisiones graves que facilitaron el crimen.
Contra la Nación: Se acusa a la Policía Nacional de inacción negligente por no haber actuado de manera preventiva, a pesar de que la investigación ha determinado que el atentado se planeó con varios días de antelación.
“Se evidencia que solo desplegó sus fuerzas después de la comisión del delito… Esta omisión se agrava considerando la especial posición del señor Marcelo Daniel Pecci Albertini, quien, en su calidad de fiscal, mantenía una lucha constante contra el crimen organizado… situándolo en una situación de riesgo permanente”, señala la demanda.
Daño Antijurídico: Los demandantes consideran que el asesinato de Pecci constituye un ‘daño antijurídico’ que violó el derecho fundamental a la vida (Artículo de la Constitución Política de Colombia), haciendo responsable por los perjuicios a los sujetos de derecho público y privado por su inacción.
La demanda fue presentada tras la suspensión del plazo de caducidad debido a la solicitud de una conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General, la cual no prosperó.
