Los fiscales e investigadores del departamento del Atlántico denunciaron que, en desarrollo de procesos penales, se está registrando la reiterada mora e incumplimiento en la atención de requerimientos judiciales por parte de la empresa Tigo.
En el marco de la función investigativa, las órdenes judiciales dirigidas a operadores de telecomunicaciones -particularmente aquellas relacionadas con búsquedas selectivas en bases de datos, información de abonados y trazabilidad de comunicaciones- “constituyen herramientas esenciales para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables y la materialización del derecho a la justicia, especialmente, en las conductas como la extorsión y el homicidio, que son las de mayor impacto en la seguridad ciudadana”.
Sin embargo, han evidenciado un patrón sistemático de incumplimiento:
– Respuestas tardías o inexistentes
– Ausencia total de justificación frente a las demoras
– Desatención a órdenes emitidas por autoridad judicial competente
– Indiferencia frente a la urgencia y relevancia de la información requerida
“Esta conducta no solo obstaculiza el desarrollo normal de las investigaciones, sino que compromete gravemente la eficacia de la administración de justicia, debilitando la capacidad institucional para responder frente al delito y garantizando, en la práctica, escenarios de impunidad”, indicaron.
Esta situación ha generado un creciente malestar, al punto de evaluarse la interposición de denuncias penales contra los funcionarios encargados de atender dichos requerimientos, por la posible configuración del delito de fraude a resolución judicial, “ante el incumplimiento reiterado e injustificado de órdenes legítimamente impartidas por jueces de la República”.
“No se trata de un asunto menor ni de una falla administrativa aislada. Se trata de una conducta que, de confirmarse, afecta directamente el principio de colaboración armónica con la justicia, desconoce la autoridad judicial y vulnera el orden jurídico”, manifestaron.
En virtud de lo anterior, hicieron urgente a Tigo para que adopte “medidas inmediatas, eficaces y verificables que garanticen el cumplimiento oportuno de los requerimientos judiciales”.
“También se le hace un llamado a los organismos de control, para que adelanten las investigaciones disciplinarias y administrativas correspondientes. Las autoridades penales competentes, para que evalúen la posible existencia de conductas punibles derivadas de estos hechos”. indicaron.
Los fiscales e investigadores expresaron que la administración de justicia “no puede depender de la voluntad discrecional de terceros obligados a colaborar con ella”. “El cumplimiento de las órdenes judiciales no es una opción: es un deber legal”, puntualizaron.
El llamado lo hacen desde el clamor de las víctimas de las extorsiones, pues detrás de cada solicitud de información existe una persona afectada que espera respuestas.
“Cada demora injustificada prolonga su incertidumbre, profundiza su afectación y retrasa el acceso a la verdad y a la justicia. La inobservancia de estos requerimientos no solo entorpece procesos: constituye una forma de revictimización institucional que el Estado no puede permitir ni tolerar”, finalizaron.
