En las últimas horas, se conoció que el ente acusador radicó el escrito de acusación en contra de César Manrique Soacha, exdirector de la Función Pública y mano derecha del presidente Gustavo Petro en diferentes momentos de su trayectoria política, como en la Alcaldía de Bogotá.
“La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, y otras siete personas que estarían involucradas en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”, señaló la Fiscalía.
El ente advirtió que, además de Manrique Soacha, otros funcionarios y particulares fueron incluidos en la acusación que busca llevarlos a juicio y lograr una condena en su contra y que, para el caso del exdirector de la Función Pública, no sería un asunto nuevo. Hace menos de un año fue condenado por otro escándalo de corrupción que también involucra al presidente Gustavo Petro: las motos eléctricas para la Policía de Bogotá.
“Los otros involucrados son: el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa y su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quienes eran contratistas de la UNGRD; el representante legal y el jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutu, Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, respectivamente; el asesor de la Dirección de la Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez, y el contratista de la UNGRD Óscar Enrique Cárdenas Angulo”, señaló el ente acusador.
En el caso de Manrique, la acusación advierte que habría gestionado la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esta labor, solicitó que los contratos que surgieran de estos recursos fueran entregados a oferentes específicos.
“Entre tanto, los demás implicados presuntamente participaron en el direccionamiento de contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, suministro de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potables, con sus respectivas interventorías, y una vinculación por prestación de servicios de topografía a nivel nacional”, explicó la Fiscalía en un comunicado.
Señaló el ente acusador que la acusación, de acuerdo con el grado de participación y responsabilidad será por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propia y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
