El millonario contrato que le entregaron al holandés Sjoerd Van Grootheest, esposo de la ministra de minas y energía, Irene Vélez, ha desatado una ola de críticas de todas las orillas políticas en el país.
Pero este es solo uno de los tantos casos de familiares que se han quedado con importantes puestos durante el Gobierno de Gustavo Petro.
El escándalo que se desató luego de que a Grootheest le dieran un puesto en el Fondo Colombia en Paz para que trabaje en un tema relacionado con cultivos ilícitos por 128 millones de pesos, hace darle una mirada a los otros cargos ocupados por esposas e hijos de ministros y ministras del actual mandatario de izquierda.
Una de ellas es la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien tiene a sus dos hijos en cargos importantes del Gobierno. La denuncia la hizo el representante a la Cámara Andrés Forero que a través de su cuenta de Twitter expuso los contratos señalando que “con esa afortunada situación familiar se entiende que a la ministra no le preocupe que su reforma laboral no genere empleo”, criticó el congresista de oposición.
Diego Alejandro Ramírez, hijo de la ministra, trabaja en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). Su contrato certificado desde el pasado 11 de abril del año en curso, indica que es el jefe de la Oficina Asesora Jurídica con grado 11 de la planta de esa entidad y que su salario es cercano a los 8 millones de pesos mensuales, $7.775.515 para ser más exactos.
El otro hijo de la ministra Ramirez es Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez quien fue contratado por el Ministerio de Cultura por un valor de 76 millones de pesos. Según el contrato que reposa en las bases de datos de la plataforma Secop II, la contratación se hizo de manera directa para que cumpliera con las funciones de “apoyar la gestión de alianzas estratégicas, así como la formulación, desarrollo y seguimiento de iniciativas.
En el documento del contrato se detalla que los pagos se le realizarían de manera mensual en cantidades de 9.500.000 pesos durante los ocho meses de labor en esa cartera.
A mediados de mayo, tras la salida de la ministra Carolina Corcho del Gobierno, a la cartera de Salud llegó Guillermo Jaramillo y se vio envuelto en un posible conflicto de intereses porque su pareja actual es nada más y nada menos que la superintendente delegada para prestadores de servicios de Salud.
Otro de los recientes ministros que llegaron al Gobierno Petro fue Ricardo Bonilla, jefe de la cartera de Hacienda. Su esposa, Claudia Liliana Cortés López, es administradora de empresas de la Universidad Nacional y tiene una maestría en ciencias económicas, también de la Unal. Actualmente, Cortés es la directora general de la Unidad de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura.
El 12 de septiembre del año pasado, al puesto de Directora de Empleo, Trabajo y Emprendimiento del Sena, llegó Luz Dana Leal, la esposa de Carlos Ramón González, uno de los amigos cercanos al presidente Petro. En ese entonces, Carlos Ramón era el copresidente y dueño del Partido Verde, ahora entró al Gabinete Petro para ocupar el cargo de director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
Al Copresidente y dueño del Partido Verde Carlos Ramón González le nombraron su esposa Luz Dana Leal como Directora de Empleo, Trabajo y Emprendimiento del SENA y a su ex esposa América Millares como Contralora Delegada para el Medio Ambiente.
Similar a lo que ocurre ahora con la ministra de minas, Irene Vélez, quien en su última declaración de conflictos de interés, omitió la información de que estaba casada con el holándes que ahora tiene un contrato millonario con el Gobierno. Según ella, se trató de un “error de digitación” que ya corrigió.
Con este tipo de contrataciones dentro del Gobierno Petro, queda un sabor de nepotismo que difícilmente se puede ignorar.
