La historia de estas ocho personas se remonta a los años 2000 a 2002, cuando debieron salir desplazados para evitar ser reclutados.
El Ministerio Público argumentó que los peticionarios fueron víctimas de reclutamiento ilícito, por lo que se puede entender que operó dicha conducta en forma de “tentativa”.
Al acoger los argumentos planteados en la apelación interpuesta por la Procuraduría, la JEP revocó el auto proferido por la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR), mediante el cual se negó a ocho personas su acreditación como víctimas de reclutamiento ilícito. En su lugar, la Sección de Apelación concedió la acreditación y reconoció su condición de víctimas dentro del macrocaso 007 (Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado).
La historia de estas ocho víctimas se remonta a los años 2000 a 2002 cuando, siendo estudiantes de colegio, debieron salir desplazados de los municipios de Lejanías, La Julia, La Uribe y El Triunfo, Meta, para evitar ser reclutados por el Frente 27 de las Farc, quienes habían anunciado que los vincularían a sus filas.
En el internado “El Triunfo”, en el que había aproximadamente 35 niños y al que también asistían las víctimas (con edades entre los 5 y 10 años), hizo presencia progresiva el Frente 26 de las Farc. Miembros de esa guerrilla afirmaron a la madre de los menores que “planeaban reclutar a los tres hermanos mayores de esta familia, por lo cual ella tuvo que tomar la decisión de abandonar forzadamente su territorio” narró una de las víctimas.
El procurador delegado ante la JEP, Christian Wolffhugel Gutiérrez, argumentó en su apelación, que todos los peticionarios fueron víctimas, directas e indirectas, de reclutamiento ilícito, a pesar de que no se consumó el hecho de ser enlistados en las tropas, pues se puede entender que operó dicha conducta en forma de “tentativa”.
El Ministerio Público invocó jurisprudencia de los Tribunales Internacionales Especiales, según la cual el crimen de reclutamiento abarca aquellos eventos en los que se presenta “cualquier acto de coerción (como el secuestro) o de fuerza que se realice con el propósito de incorporar a un menor de edad a un grupo armado”.
Por último, enfatizó que, subordinar jurídica y metodológicamente la “tentativa de reclutamiento” al desplazamiento forzado, es inconveniente, pues desconoce que el contexto priorizado en el macrocaso 07 incluye toda inducción a integrar las filas y el entrenamiento militar impartido por las FARC-EP. De esta forma, se pidió estudiar el reclutamiento como un fenómeno complejo, pues no se agota en el mero hecho de la incorporación a las filas insurgentes.
