Un juez administrativo de Bogotá impuso una sanción económica al presidente de la República, Gustavo Petro, tras determinar el incumplimiento de un fallo de tutela relacionado con declaraciones sobre un directivo del sector salud.
De acuerdo con la decisión judicial, el mandatario deberá pagar una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, al no haberse retractado de afirmaciones en las que habría señalado, sin pruebas, al gerente de la EPS Coosalud, Jaime Miguel González Montaño, de presuntos actos de corrupción.
El fallo indica que el incumplimiento se deriva de la falta de acatamiento de la orden judicial que exigía la rectificación de dichas declaraciones dentro del término establecido por el despacho.
El caso ha generado reacciones en distintos sectores, debido a que involucra el alcance de la libertad de expresión de altos funcionarios públicos frente a decisiones judiciales de tutela, así como el deber de cumplimiento de órdenes judiciales por parte de autoridades del Estado.
Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial del Gobierno Nacional frente a la sanción impuesta, mientras el proceso continúa su curso en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes.
