Varias organizaciones de Derechos Humanos en carta enviada al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden y a varios congresistas de ese país, le expresaron su preocupación por la situación que se está registrando en el marco del Paro Nacional en Colombia.
En la misiva de once páginas las organizaciones, entre ellas Dejusticia, señalaron que durante los 24 días que lleva el Paro Nacionalse han registrado asesinatos, desapariciones forzadas y otro tipo de agresiones a los Derechos Humanos.
Igualmente citaron el registro de “más de 30 asesinatos, cientos de casos de desaparición forzada que están en verificación, cientos de manifestantes heridos y decenas de testimonios de primera mano de víctimas de tortura, violencia sexual y violencia basada en género, según han reportado organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación”.
En la carta dirigida también al Secretario de Estado, Antony John Blinken, resaltan que durante los días de protesta el Gobierno colombiano “optó por ejercer una violencia inaceptable contra la población, perpetrada por miembros de la Policía y su Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y el Ejército Nacional, en lugar de canalizar los reclamos y el malestar de la población a través de un diálogo fructífero y políticas públicas significativas”.
En ese sentido, les pidieron que condenen el uso excesivo de la fuerza de la Policía y el Esmad,además, que tomen distancia frente a los pronunciamientos del Gobierno Nacional.
Pidieron además que se insista en que sea reformada la Policía Nacional y en que se “detenga el accionar criminal del Esmad e investigue y sancione a todos los responsables de violaciones de derechos humanos ocurridas desde el 28 de abril”.
Una de las peticiones que tuvo mayor fuerza, se relaciona con que el Gobierno norteamericano no siga apoyando a la Policía, por las graves denuncias de vulneraciones de derechos humanos que se están registrando.
“Exigir que se apliquen protecciones de derechos humanos más fuertes para la asistencia que el gobierno norteamericano da a las Fuerzas Armadas. La Policía en particular no debería recibir ninguna asistencia por parte del gobierno norteamericano, ya que tiene un indignante registro de violaciones de derechos humanos cometidas en impunidad. Cuidadosamente, examine si la asistencia a las Fuerzas Armadas es en este punto una violación de la ley Leahy, que prohíbe que la asistencia estadounidense se canalice a fuerzas de seguridad que estén implicadas en la violación de derechos humanos”, precisa el documento.
También solicitaron que se suspenda la venta de elementos para responder a los disturbios: “pedimos que la venta de material de control de multitudes sea suspendida hasta que haya evidencia de una adherencia estricta de protocolos de descenso de conflictos y el uso apropiado de fuerzas letales y no letales”.
