El debate sobre la transparencia del sistema electoral colombiano volvió a encenderse luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiterara su llamado a realizar una auditoría técnica al software utilizado para el escrutinio de votos en el país.
La postura del mandatario quedó consignada en el documento titulado “Las elecciones son de todos y, por lo tanto, deben ser auditadas”, en el que plantea la necesidad de permitir el acceso al código fuente del sistema con el propósito de fortalecer la confianza ciudadana en los procesos democráticos.
De acuerdo con el documento, el sistema electoral colombiano continúa sustentándose principalmente en el Decreto 2241 de 1986, conocido como Código Electoral, expedido durante el gobierno del expresidente Belisario Betancur, cuando aún no existían las herramientas tecnológicas que hoy participan en los procesos de escrutinio.
El texto también señala que en 2021 la Registraduría Nacional del Estado Civil contrató un software de escrutinio administrado por el Consejo Nacional Electoral, encargado de consolidar los resultados de las elecciones.
A través de su cuenta en la red social X, Petro sostuvo que el código fuente debe estar disponible para ser revisado por expertos independientes y sectores ciudadanos capacitados, con el fin de garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad popular.
“El código fuente de un software de escrutinio electoral es para auditarlo técnicamente por todos y todas quienes participan y por la misma ciudadanía”, expresó el jefe de Estado.
El mandatario agregó que, si no se permite una auditoría abierta, resulta necesario promover mecanismos de vigilancia ciudadana sobre el conteo de votos y el desarrollo del proceso electoral.
Frente a estos señalamientos, el registrador nacional, Hernán Penagos, defendió el sistema electoral y aseguró que actualmente el software cuenta con auditorías especializadas de alto nivel, acceso técnico supervisado y mecanismos permanentes de control.
La discusión ha provocado reacciones en distintos sectores políticos, jurídicos y académicos, donde algunos consideran necesaria una modernización de las normas electorales y otros advierten sobre el riesgo de generar desconfianza en las instituciones sin pruebas concluyentes.
El tema vuelve así al centro del debate político nacional, en medio de los preparativos para futuros procesos electorales y de las crecientes discusiones sobre transparencia tecnológica y garantías democráticas en Colombia.
