La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, solicitó a la Corte Constitucional dar prelación a la solución de un conflicto de competencias suscitado en el trámite de la acción de tutela interpuesta por una comunidad étnica afectada por el proyecto del Canal del Dique.
La acción de tutela fue instaurada ante el Juez Sexto Administrativo de Cartagena por el Consejo de las Comunidades Negras del corregimiento Los Olivos de Hato Viejo, jurisdicción de Calamar, Bolívar, argumentando que no fue consultada previamente sobre la realización del proyecto a pesar del impacto que tiene sobre sus integrantes.
Ese despacho judicial remitió el caso al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Sincelejo, pues este último había conocido con anterioridad un proceso similar relacionado con el proyecto del Canal del Dique. Sin embargo, ante la discusión en torno a qué juez debe conocer del asunto, se presentó un conflicto de competencias que fue remitido a la Corte Constitucional.
En la petición enviada al alto tribunal, la jefe del Ministerio Público señaló que se trata de un “asunto de especial trascendencia social”, razón por la que debe resolverse de manera preferente. Además, porque el proceso de adjudicación se encuentra suspendido indefinidamente mientras se resuelve cuál juez es competente, a pesar de que, al parecer, se logró un acuerdo entre la comunidad y las autoridades para superar la afectación alegada inicialmente.
Para la Procuradora General es importante que se defina cuál es la autoridad competente, y de esa forma se “adopte la decisión que en derecho corresponda frente a la acción de tutela presentada”
