La Procuraduría General de la Nación adelantó una inspección disciplinaria en la cárcel La Picota, de Bogotá, dirigida y administrada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, con el fin de establecer la veracidad sobre el presunto ingreso de una comunicación al sistema de información de esa entidad, en la que la Fiscalía habría notificado sobre una orden de captura o medida de aseguramiento contra alias Gordo Lindo que, de haberse tenido en cuenta, habría impedido su salida por pena cumplida, decretada por el juez de ejecución de penas el pasado 29 de noviembre de 2022.
Entre las pruebas practicadas por el equipo del Ministerio Público, liderado por la Delegada para los Derechos Humanos, estuvieron los testimonios del director del penal, Horacio Bustamante Reyes, así como el de Fabián Andrés Solano Ocampo, Coordinador del Grupo de Gestión Legal de La Picota.
La comisión también recolectó copias de los documentos relacionados con el proceso administrativo surtido desde que se conoció la orden de libertad, hasta que se materializó la salida del mencionado narcotraficante, los protocolos establecidos en el penal para surtir este proceso, copias de las consultas hechas por correo electrónico a las diferentes autoridades (DIJIN, SIJIN, Rama Judicial y Fiscalía) sobre procesos pendientes que hubieran podido frenar la liberación y las identidades de los funcionarios responsables de cada proceso y procedimiento, entre otras.
En el marco de la indagación previa iniciada frente a este caso, la Procuraduría también solicitará a Fiscalía, Interpol y el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Bogotá, copia de sus actuaciones durante los días previos y posteriores a la puesta en libertad de alias Gordo Lindo.
