La Procuraduría General de la Nación urgió al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio realizar ajustes frente al proyecto de decreto que modifica los topes de la Vivienda de Interés Social (VIS) y su esquema de comercialización.
En ejercicio de su función preventiva, la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, advirtió la necesidad de fortalecer cuatro aspectos clave: la seguridad jurídica de la medida, su sustento económico con enfoque territorial, la definición de reglas claras de transición para proyectos en curso y la evaluación integral de su impacto social.
La Procuraduría señaló que, si bien la iniciativa busca mejorar la transparencia en los precios y proteger a los compradores frente a incrementos no previstos, también podrían generarse efectos en la oferta de vivienda, la viabilidad de proyectos en determinados territorios y el acceso efectivo de los hogares.
La actuación se adelanta sin coadministrar ni sustituir competencias, con el propósito de anticipar riesgos y contribuir a que las decisiones públicas se adopten con criterios de legalidad, sostenibilidad y enfoque social.
