La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo manifestaron su preocupación por los retrasos en la aplicación de la Sentencia T-030 de 2025, mediante la cual la Corte Constitucional ordenó acciones urgentes para garantizar los derechos de la población habitante de calle.
En una mesa interinstitucional de seguimiento al cumplimiento de dicha sentencia, en la que se revisaron los avances del mecanismo de focalización y el desarrollo de herramientas de caracterización e identificación de población con mayores condiciones de vulnerabilidad, se detectaron retrasos en la formalización de la Comisión Intersectorial y en la construcción del Plan Nacional de Atención Integral para Personas Habitantes de Calle.
La Procuraduría General y la Defensoría continuarán ejerciendo seguimiento preventivo y control de gestión frente a las entidades responsables, promoviendo la articulación institucional necesaria para garantizar la protección de los derechos de esta población.
