La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector general de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), Eduardo José González Angulo, por posibles irregularidades en la fiscalización efectuada a los proyectos de reconstrucción de Mocoa, Putumayo, tras la avalancha presentada en 2017.
Se trata de la construcción de las obras de mitigación en las cuencas de los ríos Mulato, Sangoyaco y Mocoa y la quebrada Taruca, en el municipio de Mocoa, las cuales habrían presentado serios retrasos debido a la demora en la suscripción de los correspondientes contratos de interventoría, que habrían sido celebrados e iniciados mucho tiempo después de haber firmado los de obra.
A juicio de la Procuraduría, el investigado no habría adelantado, con diligencia y en los tiempos requeridos, los proyectos y contratos necesarios para la reconstrucción de Mocoa, “además de poder estar en riesgo las comunidades de la parte alta del río Mulato y las quebradas Taruca y Taruquita, por la falta de planeación y ejecución en la totalidad de dicho proyecto”.
Cinco años después de la tragedia, ocurrida en 2017, a abril de 2022, ninguna obra de mitigación había sido contratada ni entregada en la parte alta y media de los ejes ambientales de los afluentes mencionados y la quebrada Taruca; solo hasta diciembre 31 de 2021, la Alcaldía de Mocoa entregó una en la parte baja del río Sangoyaco, puntualizó la Procuraduría.
El Ministerio Público también señaló que, desde el 25 de marzo de 2020, la UNGRD incorporó más de $ 185 mil millones al Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (FNGRD), como recurso de inversión, para ejecutar 56 de estas obras en la parte media y baja de las cuencas de los ríos ya señalados; no obstante, a inicios de 2022, ninguna había sido entregada.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal solicitó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales un dictamen pericial para establecer, entre otros aspectos, las acciones y el porcentaje de avance de los proyectos y de cada uno de los contratos del Plan de Acción Específico PAE 2017, desde la vigencia 2020, para la fase de reconstrucción de Mocoa.
El ente disciplinario también busca determinar si a la fecha del dictamen, existen riesgos para las comunidades de la parte alta del río Mulato y las quebradas Taruca y Taruquita, por las demoras o la indebida ejecución de los diferentes contratos enmarcados en el PAE 2017.
