La Procuraduría General, en trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo, intervino eficazmente en la liberación de seis soldados que habían sido privados de la libertad, por civiles dedicados a la minería cerca a los Farallones de Cali.
El Ministerio Público, en su rol de garante de derechos y en búsqueda de soluciones pacíficas, envió a la zona a la Procuradora Regional de Instrucción del Valle, para aunar esfuerzos junto a la Defensoría del Pueblo a fin de proteger la integridad de los soldados involucrados.
La Procuraduría General reafirma de esta forma, su compromiso con la defensa de los derechos y la construcción de la paz en el país.
