Los cinco disciplinados participaron en la estructuración, aprobación y supervisión de un bilateral para la compra de implementos deportivos con sobrecostos e inconsistencias en los estudios previos.
En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a dos funcionarios y tres exfuncionarios del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander (Indersantander) por irregularidades en el contrato 341 de 2022, celebrado para fortalecer programas deportivos en Santander.
La Procuraduría impuso 15 años de sanción a la exasesora jurídica, Mayra Alejandra Téllez Romero; 10 años al entonces director, Pedro Belén Carrillo Cárdenas; nueve años a los profesionales universitarios, Ramiro Andrés Pabón Martínez y Raúl Enrique Gutiérrez Torres; y ocho años al profesional universitario, Miguel Ángel Remolina Muñoz.
La Entidad comprobó que los disciplinados participaron en distintas etapas del proceso contractual pese a las inconsistencias en la planeación, elaboración de estudios previos y, definición de costos y control de ejecución del bilateral, lo cual afectó el principio de transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos de los santandereanos.
La decisión de primera instancia señaló que los cinco sancionados incurrieron en faltas gravísimas; Téllez Romero, a título de dolo por suscribir documentos sin autorización en la etapa precontractual y vulnerar los principios de economía y transparencia; y Carrillo Cárdenas, Pabón Martínez, Gutiérrez Torres y Remolina Muñoz con culpa gravísima, al participar en la etapa precontractual con desconocimiento de los principios de la contratación estatal. Adicionalmente, Gutiérrez Torres incumplió la supervisión adecuada del contrato.
La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Santander aseveró que el actuar de los sancionados afectó el adecuado funcionamiento de la administración pública y los fines sociales que se pretendían satisfacer con los recursos destinados al deporte.
