El trabajo con las bancadas de Gobierno no ha sido fácil para el equipo del Presidente y muchos artículos han sido rechazados por los Parlamentarios.
El partido Cambio Radical es uno de los más grandes opositores a la reforma tributaria que propuso el Gobierno Petro, con la que se recaudarían $22 billones en el primer año de vigencia.
Desde hace dos meses, la bancada anunció su voto en contra de la iniciativa argumentando que, a su parecer, los impuestos a ciertos productos afectan a las clases media y bajas. Días después, para amortiguar su posición, desde el partido plantearon un “decálogo” de contrapropuestas para una reforma tributaria que consideran más justa.
Es así como este martes se produjo una importante transformación en el proyecto de reforma tributaria, dentro de la serie de acuerdos del Gobierno del presidente Gustavo Petro para sacarla adelante: el impuesto a las pensiones altas, que generó fuertes roces con partidos políticos y agremiaciones, finalmente se cayó.
“No vamos a presentar un impuesto a las pensiones“, anunció el presidente Petro en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado de congresistas de varios partidos y el ministro del Interior, Alfonso Prada.
El senador Gustavo Bolívar, presidente de la comisión de Hacienda, reconoció que el artículo en la iniciativa generó inquietud por parte de integrantes de la bancada de Gobierno. “El presidente Petro accedió a escuchar a los partidos que integran el Gobierno y accedió a eliminar el artículo que gravaba las pensiones. Ese impuesto tenía un peso dentro de la reforma tributaria de 300.000 millones de pesos”, dijo el congresista.
El proyecto de reforma tributaria planteaba la modificación al Artículo 206 del estatuto tributario que planteaba una exención a pensiones de hasta 38 millones mensuales, límite que se planteaba reducir a 5,6 millones al mes.
Según el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, la propuesta era para que pensionados, cuya mesada superaran los 10 millones de pesos mensuales, pagasen progresivamente impuesto a la renta, argumentando que este tributo solamente tocaría al 1,2 por ciento de los jubilados en Colombia, que son en teoría quienes tendrían mayores ingresos.
De inmediato, a la propuesta le llovieron críticas, las más fuertes de la procuradora Margarita Cabello , quien le recordó al gobierno que las pensiones no son un beneficio sino “un derecho construido a lo largo de la vida laboral”.
