Tres de los ocho procesados dentro del segundo capítulo del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres estarían buscando un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
Se trata de Ana María Riveros, Sonia Rocío Romero y Édgar Riveros Rey, quienes aparecen vinculados a las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Convenio por $100 mil millones
Este nuevo capítulo del caso se concentra en la presunta gestión y entrega de cerca de $100 mil millones mediante un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y la UNGRD.
Según las investigaciones, en esta fase del escándalo se habrían facilitado operaciones administrativas y contractuales que hoy son objeto de revisión por parte de las autoridades judiciales.
Posibles colaboraciones con la justicia
Los acercamientos con la Fiscalía podrían abrir la puerta a colaboraciones judiciales, entrega de información y eventuales beneficios procesales, dependiendo del avance de las negociaciones y del aporte que los implicados hagan a las investigaciones.
El caso de la UNGRD se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción recientes del país, debido a la magnitud de los recursos comprometidos y a las múltiples ramas de investigación abiertas alrededor de contratos, convenios y presuntas redes de direccionamiento de recursos públicos.
