El Tribual Superior de Bogotá no acató a la JEP y decidió dejar en libertad a Salvatore Mancuso, preso en La Picota y quien espera por ejercer funcione de gestor de paz. Si embargo, otro tribunal del mismo rango negó la libertad hace unos días y la JEP asegura que esa decisión exclusivamente depende de sí.
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad de Salvatore Mancuso, exjefeparamilitar quien regresó a Colombia el pasado 27 de febrero, está nombrado como gestor de paz por el gobierno de Gustavo Petro y que sigue resolviendo su situación jurídica ante diferentes instancias. El proceso nace de una acción de tutela interpuesta por el mismo Mancuso, quien señaló haber cumplido con su pena de narcotráfico en Estados Unidos y tener en firme su voluntad de gestionar la paz en Colombia.
La audiencia que terminó a favor de Mancuso inició con un hecho inesperado: el Tribunal Superior de Bogotá desconoció una reciente decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), del pasado 18 de marzo, en la que esta instancia judicial intentó tomar poder preferente sobre los procesos contra el exjefe paramilitar en los que se defina su libertad. La JEP, en su decisión, había señalado que le restaba poder a las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales que están definiendo la situación de Mancuso y que sería ella misma la que definiría la situación jurídica del criminal.
El Tribunal Superior de Bogotá, en respuesta, señaló a la JEP de “entrometerse” en los asuntos exclusivos de la Ley de Justicia y Paz, la cual, bajo la premisa de la desmovilización paramilitar, otorgó salas a distintos tribunales en Colombia. Esto con el objetivo de que conocieran los macroprocesos de los líderes paramilitares y dictaran sentencias conjuntas contra sus miembros. De ahí que, el pasado 13 de marzo, la Sala de Justicia y Paz de del Tribunal Superior de Barranquilla no levantara las medidas de prisión preventiva que pesan contra Mancuso y ni siquiera lo reconociera como gestor de paz.
Así las cosas, el Tribunal Superior de Bogotá desconoció la decisión de la JEP y procedió a definir la libertad de Mancuso, una tarea que le había encomendado hace meses la Corte Constitucional, tras estudiar la tutela del antiguo líder de las AUC. Después de una extensa argumentación, concluyó que podía dejar sin efecto dos medidas de aseguramiento que pesaban contra Mancuso, de 2015 y 2020, respectivamente. Sin embargo, esta no es la última palabra, pues el Tribunal Superior de Barranquilla, una entidad del mismo rango, ya había negado la libertad al exjefe criminal.
Ante las diversas opiniones de las instancias de la justicia, el Tribunal Superior de Bogotá le pidió a la Corte Constitucional que dirima el conflicto de competencias que surge de la cantidad de entidades que conocen los procesos de Salvatore Mancuso con respecto a su libertad. El Tribunal inició un conflicto de competencias, argumentando que la Jurisdicción Especial para la Paz ni siquiera podría aceptar paramilitares y, aun así, le está dando el espacio a Mancuso como “punto bisagra” entre el paramilitarismo y las fuerzas de seguridad del Estado.
La libertad de Salvatore Mancuso, entonces, sigue en plena duda por las distintas decisiones que han tomado las instancias de la justicia que llevan sus procesos. De un lado, la JEP lo incluyó en su sistema y está por definir, supuestamente en exclusiva, su situación jurídica. El Tribunal Superior de Barranquilla le negó, en lo de su competencia, la libertad y su condición de gestor de paz. Y, ahora, el Tribunal Superior de Bogotá tiene su propia definición del asunto y ordenó la libertad de quien se espera cumpla misiones de gestor de paz a favor de Colombia.
