La Contraloría General de la República informó que entre 2022 y 2026 emitió 46 funciones de advertencia dirigidas a entidades del orden nacional, tras identificar riesgos que podrían comprometer recursos públicos por 38,1 billones de pesos.
Según el organismo de control, estas advertencias hacen parte de su estrategia de control fiscal preventivo, cuyo objetivo es alertar oportunamente sobre posibles irregularidades en decisiones administrativas, presupuestales y contractuales, evitando que los riesgos se traduzcan en detrimentos al patrimonio del Estado.
El informe señala que los mayores riesgos fiscales se concentran en cinco sectores estratégicos: economía y finanzas, infraestructura, agropecuario, inclusión social y minas y energía.
Economía y Finanzas, el sector con mayor riesgo
La Contraloría indicó que el sector de Economía y Finanzas acumula el mayor monto advertido, con 23,8 billones de pesos, debido a diferentes situaciones que podrían afectar la estabilidad de las finanzas públicas.
Entre las actuaciones más relevantes figura la advertencia emitida en marzo de 2024 sobre el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación, en la que el organismo identificó riesgos por la falta de desagregación de partidas de inversión y deficiencias en el detalle presupuestal. Posteriormente, el Gobierno corrigió esas observaciones mediante la expedición del Decreto 0163 de 2024.
Alerta por el crecimiento de la deuda pública
Otra de las advertencias fue emitida en abril de 2026, cuando la Contraloría alertó al Ministerio de Hacienda sobre el aumento de la deuda pública y sus posibles efectos sobre la sostenibilidad fiscal del país.
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De acuerdo con el informe, durante 2025 el servicio de la deuda alcanzó 105 billones de pesos, equivalentes al 23 % del gasto público nacional, mientras que las tasas de los Títulos de Tesorería (TES) llegaron al 13,69 % para los títulos de corto plazo y al 14,03 % para los de largo plazo.
Advertencia por contratación pública
En julio de 2026, la entidad también emitió una función de advertencia tras identificar un incremento significativo en la contratación estatal luego del levantamiento de las restricciones de la Ley de Garantías.
Según la Contraloría, en ese periodo se suscribieron 14.414 contratos por un valor superior a 4,54 billones de pesos, de los cuales 11.208 fueron adjudicados mediante contratación directa, por aproximadamente 785.600 millones de pesos.
El organismo advirtió que esta dinámica podría representar riesgos relacionados con la concentración de recursos, la transparencia en los procesos de contratación y la capacidad financiera del Estado.
La Contraloría reiteró que las funciones de advertencia no constituyen sanciones ni determinan responsabilidades fiscales, sino que buscan prevenir posibles afectaciones al patrimonio público y promover la adopción de medidas correctivas antes de que los riesgos identificados se materialicen.
