- La Contraloría identificó que, luego de levantada la restricción de Ley de Garantías, se han suscrito 14.414 contratos por un valor cercano a $4,55 billones, lo que refleja un incremento del 22,5% de la contratación en comparación con el mismo periodo de tiempo hace cuatro años. Llama la atención la contratación directa que supera los 11 mil contratos en estas últimas cuatro semanas. Advierte los riesgos contractuales y presupuestales en entidades como la ANT y Min Interior.
- El informe señala que el Gobierno enfrenta presiones de caja, rezagos en reservas presupuestales y necesidades adicionales de financiación, por lo que toda decisión contractual debe estar plenamente respaldada por disponibilidad presupuestal y sostenibilidad fiscal.
- Adoptar decisiones de transferencias, asignaciones presupuestales y nuevos compromisos financieros sin una fuente cierta de financiación, disponibilidad efectiva de recursos y capacidad fiscal suficiente profundiza las presiones sobre la caja del Gobierno Nacional, compromete el equilibrio del Presupuesto General de la Nación, incrementa las necesidades de endeudamiento y genera una potencial afectación al patrimonio público. Por ello, se insta a que toda decisión presupuestal se adopte bajo criterios de prudencia fiscal, planeación y sostenibilidad, garantizando que el uso de los recursos públicos responda a la capacidad real de financiación del Estado.
La Contraloría General presentó el informe de seguimiento a los compromisos presupuestales, financieros y de contratación del Gobierno Nacional Central, con corte entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026. El análisis evidencia riesgos que justifican activar la Función de Advertencia, en un contexto de presión sobre la caja del Gobierno, restricciones de financiación y aceleración de la contratación pública.
El informe muestra una intensa dinámica contractual durante el periodo analizado, caracterizada por una alta concentración de recursos en contratos de obra pública y de prestación de servicios. Esta situación demanda un seguimiento permanente para verificar que las obligaciones asumidas correspondan a una adecuada planeación financiera y presupuestal, junto con la real capacidad de ejecución y supervisión, durante los 5 meses restantes de la vigencia fiscal.
La Advertencia recuerda que las finanzas públicas enfrentan restricciones derivadas del menor recaudo, el incumplimiento de la meta de ingresos, la falta de ajuste al Presupuesto General de la Nación, las necesidades adicionales de financiación y las presiones sobre la caja del Gobierno. En este escenario la Contraloría enfatiza que cualquier aceleración de compromisos presupuestales, financieros o contractuales debe estar respaldada por la capacidad financiera efectiva del Estado y por una posibilidad real de ejecución.
Desde una perspectiva preventiva, la Función de Advertencia busca evitar que los riesgos identificados en los procesos presupuestales y contractuales en curso se materialicen en pérdidas de recursos públicos, afectaciones al patrimonio estatal y eventuales responsabilidades disciplinarias y fiscales a los ordenadores del gasto.
La Función de Advertencia identifica 7 factores de riesgo que, desde la perspectiva del control fiscal preventivo y concomitante, requieren seguimiento permanente debido a su potencial incidencia en la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del gasto público. Entre los principales se destacan el riesgo por insuficiente planeación financiera y presupuestal de contratos de alta cuantía, riesgo asociado al crecimiento de la contratación directa y concentración contractual y el riesgo sobre la efectividad del control contractual.
Para la Contraloría, la gestión fiscal no se limita a la ejecución de recursos, implica garantizar que cada decisión presupuestal sea sostenible financiera y jurídicamente. En ejercicio de sus competencias, la entidad tiene el deber de advertir oportunamente los riesgos que puedan afectar el patrimonio público y, de materializarse estos, adelantar las actuaciones de responsabilidad fiscal que correspondan. La presente función de advertencia se dirige al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda, en su condición de operador y gestor, fiscal central del Presupuesto General de la Nación, y, por su conducto, a los ordenadores del gasto de las entidades que integran el Gobierno Nacional Central.
