La Contraloría General de la República emitió una Función de Advertencia al Gobierno del presidente Gustavo Petro tras identificar un acelerado incremento en la contratación pública durante las semanas posteriores a la segunda vuelta presidencial.
Según el organismo de control, entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026 se suscribieron 14.414 contratos por un valor cercano a 4,55 billones de pesos, cifra que representa un aumento del 22,5 % frente al mismo periodo registrado hace cuatro años.
Preocupa el alto número de contratos directos
Uno de los principales hallazgos del informe es el elevado volumen de contratación directa.
La Contraloría advirtió que más de 11.000 contratos fueron adjudicados mediante esta modalidad durante las últimas semanas, situación que, según el ente de control, requiere un seguimiento permanente para verificar el cumplimiento de los principios de transparencia, planeación y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Entre las entidades sobre las que se emitió la alerta figuran la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior, donde se identificaron riesgos relacionados con la contratación y la ejecución presupuestal.
Riesgos para las finanzas públicas
El organismo de control señaló que esta aceleración en la contratación ocurre en un contexto de dificultades fiscales, marcado por un menor recaudo de ingresos, restricciones de financiación y presiones sobre la caja del Gobierno Nacional.
Por ello, advirtió que todo compromiso presupuestal debe estar respaldado por una capacidad financiera real y por la posibilidad efectiva de ejecutar los contratos dentro del tiempo restante de la vigencia fiscal.
La Contraloría identificó siete factores de riesgo, entre ellos la insuficiente planeación financiera, el crecimiento de la contratación directa, la concentración contractual y posibles debilidades en los mecanismos de supervisión y control.
Función preventiva
La Función de Advertencia busca prevenir posibles afectaciones al patrimonio público antes de que se materialicen. En ese sentido, la Contraloría recordó que continuará realizando seguimiento a estos procesos y advirtió que, si se evidencian irregularidades que generen detrimento fiscal, adelantará las investigaciones y actuaciones de responsabilidad correspondientes.
El informe fue dirigido al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda y a los ordenadores del gasto de las entidades del Gobierno Central, con el fin de que adopten las medidas necesarias para mitigar los riesgos identificados durante este periodo de alta contratación pública.
