El Dapre adjudicó un contrato de 88 millones de pesos por seis meses a Pedro Alejandro Carranza Cepeda, uno de los abogados del presidente Gustavo Petro, a dos semanas del relevo presidencial, según denunció el representante a la Cámara Andrés Forero.
“¡Vergonzoso! A 2 semanas del cambio de gobierno el Dapre le da un contrato de $88 millones por 6 meses a Pedro Alejandro Carranza Cepeda, uno de los abogados de Gustavo Petro. Esta degradación de lo público no tiene precedentes”, escribió el congresista en su cuenta de X.
Según el documento divulgado por Forero, el contrato, identificado con el número DAPRE-CDPACC-2026, corresponde a la prestación de servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa para apoyar la elaboración de informes requeridos por los organismos de control, así como la estructuración de análisis normativos y documentos jurídicos para el Despacho de la Directora o Secretaria General del Dapre. El acuerdo fue suscrito mediante la modalidad de contratación directa y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
De acuerdo con un reporte de Blu Radio del 7 de julio, Carranza Cepeda actúa como apoderado judicial del presidente Gustavo Petro y recientemente presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra el dirigente político Carlos Alonso Lucio López por los presuntos delitos de injuria y calumnia agravadas.
La acción judicial se originó luego de que Lucio asegurara en una entrevista que el mandatario “ha delinquido”, “cometió delitos” e incluso incurrió en conductas relacionadas con traición a la patria y manipulación de la justicia. En la denuncia, la defensa del jefe de Estado sostiene que dichas afirmaciones fueron presentadas como hechos ciertos sin que exista una decisión judicial que las respalde y señala que el propio Lucio reconoció durante la entrevista no conocer procesos penales concretos contra Petro.
La denuncia del congresista ha reavivado el debate sobre las contrataciones realizadas por el Gobierno Nacional en los últimos días de la administración. Desde sectores de oposición se cuestiona la oportunidad de este tipo de vinculaciones, mientras que, hasta el momento, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el contrato ni sobre los cuestionamientos formulados. Asimismo, Pedro Alejandro Carranza Cepeda tampoco se ha referido públicamente a la polémica.
