Abelardo De La Espriella elevó el tono de su discurso sobre seguridad durante un pronunciamiento en Barranquilla, donde aseguró que la extorsión no puede convertirse en una práctica aceptada en el Atlántico y anunció una política de mayor confrontación contra las organizaciones criminales.
El dirigente se refirió particularmente a la situación que enfrentan comerciantes, transportadores y ciudadanos de Barranquilla, Soledad, Malambo y otros municipios del departamento, donde las denuncias por cobros extorsivos se mantienen como una de las principales preocupaciones de seguridad.
“No podemos normalizar el pago de la extorsión”, manifestó De La Espriella, al señalar que corresponde al Estado garantizar condiciones de seguridad para quienes desarrollan actividades comerciales y productivas.
Durante su intervención, el político también cuestionó a los integrantes de grupos delincuenciales que, según sus declaraciones, no estén dispuestos a someterse a la justicia y lanzó una advertencia en términos particularmente fuertes.
“A los extorsionistas que no se quieren someter a la ley les aconsejo adquirir un auxilio funerario porque les vamos a dar de baja. La paz total se acabó; después del 7 de agosto se van a convencer de que no estoy jugando”, afirmó.
El pronunciamiento se produjo en el contexto de sus planteamientos sobre el rumbo que tendría la política de seguridad a partir del inicio de su administración.
Barranquilla y el Atlántico, en el foco de su propuesta
De La Espriella aseguró que las autoridades deben concentrar esfuerzos en identificar y desarticular las estructuras dedicadas a la extorsión, especialmente aquellas que tienen presencia en municipios del área metropolitana de Barranquilla.
“En Barranquilla, Soledad, Malambo y todo el Atlántico vamos a ir por ellos. Se acabó el jueguito de estas bandas criminales”, sostuvo.
Su planteamiento apunta a una estrategia de seguridad con mayor presencia de la Fuerza Pública, inteligencia y acciones contra las organizaciones que controlan territorios o presionan a comerciantes mediante amenazas.
La extorsión se ha convertido en uno de los delitos que más afecta la actividad económica en distintos sectores del Atlántico. Comerciantes han denunciado cobros ilegales y amenazas, mientras las autoridades han desarrollado operativos para capturar a presuntos integrantes de estructuras criminales.
Debate por el lenguaje utilizado
Las declaraciones generaron reacciones en distintos sectores de la opinión pública. Sus simpatizantes destacaron la decisión de adoptar una postura más contundente frente a las organizaciones criminales, mientras que otros sectores cuestionaron el lenguaje empleado y reclamaron que las acciones contra la delincuencia estén sustentadas en procedimientos judiciales y en el respeto por el debido proceso.
Más allá del debate político, el combate a la extorsión representa uno de los principales retos de seguridad para Barranquilla y los municipios de su área metropolitana.
El desafío para las autoridades será lograr que las denuncias se traduzcan en investigaciones, capturas y condenas, al tiempo que se garantiza protección para las víctimas y se evita que el miedo termine convirtiéndose en una barrera para denunciar.
Con el inicio del nuevo periodo presidencial, las propuestas en materia de seguridad y la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones dedicadas a la extorsión estarán entre los temas que mayor atención generarán en el Caribe colombiano.
