#Exclusivo #UnidadInvestigativa | La confesión de Saúl Severini, el eslabón perdido de la “parapolítica”, prende el ventilador en la @JEP_Colombia
“Vine a aceptar mi responsabilidad con todos los hechos de violencia cometidos”: el exjefe paramilitar del sur del Magdalena, en su… pic.twitter.com/kKHAxbTBPw
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 5, 2026
Después de permanecer más de 16 años prófugo de la justicia, el exjefe paramilitar Saúl Severini Caballero reapareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con una confesión que promete convertirse en una de las más impactantes sobre el conflicto armado en la región Caribe. En su declaración reconoció responsabilidad en 229 homicidios y entregó un extenso relato sobre el funcionamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), mencionando a militares retirados, dirigentes políticos, ganaderos y otros actores que, según su versión, hicieron parte de la estructura que permitió la expansión del paramilitarismo en Magdalena y otros departamentos.
Las declaraciones fueron conocidas durante las audiencias de sometimiento reveladas por Caracol Radio y ahora son evaluadas por los magistrados de la JEP, que deberán establecer la veracidad de los hechos narrados y definir si el exparamilitar cumple los requisitos para permanecer en la justicia transicional.
De prófugo a testigo clave
Severini fue capturado en Cali en 2025, luego de permanecer más de una década fuera del radar de las autoridades. Sobre él pesaba una condena de 33 años de prisión por el asesinato de la profesora Ledys Marina Pertuz, mientras que en algunos procesos judiciales incluso se llegó a considerar que había fallecido.
Su comparecencia ante la JEP cambió ese panorama. Allí aseguró que participó directamente en la conformación del Frente Pivijay, una de las estructuras paramilitares que operó en el Magdalena a finales de los años noventa.
Según su relato, el proyecto comenzó en 1998 cuando buscó apoyo del ganadero Jorge Gnecco Cerchar para organizar una fuerza armada que combatiera a las guerrillas de las FARC y el ELN. De acuerdo con su versión, fue Gnecco quien facilitó el contacto con el entonces máximo comandante de las AUC, Carlos Castaño Gil.
El exjefe paramilitar afirmó que varios ganaderos del Magdalena y Atlántico realizaron aportes económicos para reunir cerca de 100 millones de pesos, recursos con los que se habría financiado el nacimiento del Frente Pivijay.
Señalamientos contra militares y autoridades
Uno de los apartados más delicados del testimonio involucra a varios altos oficiales retirados del Ejército y de la Policía.
Severini aseguró que existió coordinación entre integrantes de las AUC y miembros de la Fuerza Pública para facilitar operaciones militares en la región. Entre los nombres mencionados aparecen el general (r) Óscar Gamboa Argüello, quien se desempeñó como comandante de la Policía en el Magdalena; el general (r) Fredy Padilla de León, posteriormente comandante de las Fuerzas Militares, y el general (r) Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional.
Respecto a Padilla de León, sostuvo que durante una reunión en la Segunda Brigada del Ejército habría entregado a las AUC un desmovilizado del ELN conocido como alias “Yovanny”, quien posteriormente habría servido como guía en operaciones armadas que terminaron en las masacres de Nueva Venecia, Santa Rita y Trojas de Cataca.
También aseguró que Mario Montoya le habría planteado la posibilidad de realizar una supuesta desmovilización ficticia de un frente inexistente para mostrar resultados operacionales. Además, citó afirmaciones que atribuyó a la fallecida Neyla Soto, alias “La Sombrerona”, según las cuales el oficial habría recibido pagos mensuales de la organización criminal.
Política, contratación y elecciones
El exparamilitar también aseguró que las AUC extendieron su influencia al ámbito político y administrativo mediante alianzas con dirigentes regionales y el control de la contratación pública.
En su declaración mencionó nuevamente los conocidos pactos políticos de Chivolo y Pivijay, investigaciones que durante años marcaron uno de los capítulos más representativos de la parapolítica en la Costa Caribe.
Además, lanzó nuevas acusaciones sobre un supuesto fraude electoral en los comicios de 2002 y 2003. Según su versión, integrantes de la organización criminal, junto con funcionarios y otras personas, habrían intervenido el software electoral para favorecer determinadas candidaturas y afectar a sus opositores.
Otra de las afirmaciones que más repercusión generó fue la relacionada con la elección de José Félix Lafaurie como presidente de Fedegán. Severini aseguró que, por orden de Salvatore Mancuso, las AUC ejercieron presión sobre delegados ganaderos para favorecer esa elección y afirmó haber transportado personalmente a Lafaurie hasta la zona de Santa Fe de Ralito para una reunión con comandantes paramilitares.
Los señalados niegan las acusaciones
Tras conocerse las declaraciones, varias de las personas mencionadas rechazaron de manera categórica las afirmaciones del exjefe paramilitar.
José Félix Lafaurie aseguró que no conoce a Saúl Severini y calificó su testimonio como falso, señalando que busca obtener beneficios judiciales mediante acusaciones sin sustento.
Por su parte, el general (r) Mario Montoya negó haber participado en supuestas desmovilizaciones fraudulentas y afirmó que nunca tuvo contacto con Severini. Igualmente recordó que los procesos de paz de la época eran dirigidos por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
El concejal José Alfredo Ordóñez también rechazó cualquier vínculo con los hechos mencionados y recordó que las investigaciones adelantadas en su contra por la Fiscalía fueron archivadas.
La JEP verificará cada afirmación
Aunque las declaraciones han generado un fuerte impacto político y judicial, los magistrados de la JEP deberán contrastar el relato con otras pruebas documentales, testimonios y expedientes antes de otorgarle valor probatorio.
La jurisdicción analiza actualmente si Severini cumple con los requisitos de aporte efectivo a la verdad, reconocimiento de responsabilidad y contribución a la reparación de las víctimas para permanecer en ese sistema de justicia.
Mientras tanto, su confesión vuelve a poner sobre la mesa uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente del país y podría abrir nuevas líneas de investigación sobre las relaciones entre el paramilitarismo, sectores políticos, gremiales y miembros de la Fuerza Pública en la región Caribe durante los años más intensos del conflicto armado.
