Una investigación de la Universidad de los Andes concluyó que la política de ‘paz total’ implementada por el gobierno del presidente Gustavo Petro habría coincidido con un fuerte incremento de la extorsión y un fortalecimiento de los grupos armados ilegales en las zonas donde se aplicaron los ceses al fuego.
Uno de los principales pilares del Gobierno de Gustavo Petro fue la denominada paz total, una estrategia con la que buscó negociar de manera simultánea con distintos grupos armados ilegales. Para facilitar esos diálogos, el Ejecutivo decretó múltiples ceses al fuego con varias organizaciones criminales.
Sin embargo, lo que sobre el papel se presentaba como una apuesta para reducir significativamente la violencia, generó resultados muy distintos a los esperados.
Un estudio reciente de la Universidad de los Andes, titulado ¿Paz Total? Cómo los ceses al fuego pueden resultar contraproducentes, elaborado por los economistas Daniel Mejía, Juan Fernando Vargas y Andrés Rivera, concluyó que los ceses al fuego decretados entre 2022 y 2023 generaron efectos adversos para la población y fortalecieron algunas formas de control territorial por parte de los grupos armados.
De acuerdo con la investigación, los delitos más visibles, como los homicidios, las masacres y los atentados terroristas, registraron pocos cambios tras la implementación de los ceses al fuego. En contraste, aumentaron de forma considerable otros delitos menos visibles y más difíciles de controlar, especialmente aquellos utilizados por las organizaciones criminales para ejercer control sobre las comunidades.
El estudio encontró que los casos de extorsión aumentaron un 337 %, las amenazas crecieron un 70 %, el reclutamiento forzado de menores se incrementó un 168 % y la gobernanza criminal —un indicador que agrupa puestos de control ilegales, bloqueos, extorsión, amenazas, reclutamiento forzado y desplazamiento forzado— aumentó un 32 %.
De igual forma, la investigación señala que, aunque los ceses al fuego redujeron los enfrentamientos directos entre el Ejército y los grupos armados, estas organizaciones mantuvieron e incluso consolidaron su control sobre los territorios donde operaban.
Los investigadores concluyen que “en ausencia de protocolos claros y mecanismos de verificación creíbles, los grupos armados explotaron el alto el fuego para consolidar el control territorial a través de formas de coerción menos visibles, sustituyendo formas más visibles de violencia”.
Los hallazgos del estudio coinciden con otros indicadores que muestran un fortalecimiento de las organizaciones armadas durante ese periodo. Según datos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los grupos criminales aumentaron en un 23,5 % su pie de fuerza, al pasar a 27.000 integrantes en diciembre de 2025, cerca de 5.000 más que el año anterior.
De igual forma, el más reciente informe de la Contraloría, titulado Análisis de los Avances y la Gestión de los Recursos en la Implementación de la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) del Sector Defensa y Seguridad, muestra que la presencia de los grupos armados pasó de 195 municipios en 2019 a 518 municipios en 2025, lo que representa un crecimiento superior al 165 %.
En conjunto, la evidencia presentada por estas investigaciones muestra que la estrategia de la paz total fracasó en uno de sus principales objetivos: reducir la violencia sin fortalecer a los grupos armados ilegales.
Por el contrario, los ceses al fuego coincidieron con un aumento de su capacidad de reclutamiento, de su presencia territorial y de su control sobre las comunidades, mientras varias formas de criminalidad se intensificaron durante el periodo analizado.
