A solo cuatro días del cambio de Gobierno, un nuevo enfrentamiento político se desató entre la administración saliente de Gustavo Petro y el equipo del presidente electo, Abelardo De La Espriella. El motivo de la controversia son contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías) por cerca de 3,2 billones de pesos destinados a proyectos de vías terciarias en La Guajira, cuya adjudicación ha generado un intenso intercambio de posiciones entre la ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, y la ministra saliente, María Fernanda Rojas.
La discusión comenzó luego de que el Gobierno entrante solicitara al Ejecutivo abstenerse de firmar estos contratos antes del 7 de agosto, argumentando que comprometen recursos públicos y vigencias futuras hasta el año 2035, por lo que consideran que la decisión debería quedar en manos de la nueva administración.
A través de su cuenta en la red social X, Elsa Noguera dejó claro que el fortalecimiento de la red de vías terciarias será una de las prioridades del Gobierno de Abelardo De La Espriella. Sin embargo, cuestionó que la administración saliente avance en la adjudicación de proyectos de semejante magnitud cuando está a pocos días de concluir su mandato.
“La construcción y mejoramiento de las vías terciarias será una prioridad de la Patria Milagro. Lo que los colombianos tienen derecho a preguntarse es por qué, a pocos días de terminar el Gobierno, se comprometen recursos públicos y vigencias futuras por más de $3,2 billones”, manifestó la ministra designada.
#ATENCIÓN | El Equipo de Empalme del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), solicitó al Gobierno saliente abstenerse de suscribir contratos del INVÍAS por cerca de $3,2 billones en La Guajira, al considerar que una decisión de esa magnitud, a… pic.twitter.com/ZfPUWdd7bv
— Defensores de la Patria (@defensoresco) August 3, 2026
Noguera también anunció que, una vez asuma oficialmente el Ministerio de Transporte, revisará cada uno de los procesos contractuales desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero para verificar que cumplan con todos los requisitos legales.
Las declaraciones provocaron una respuesta inmediata de la ministra saliente María Fernanda Rojas, quien defendió la legalidad de las adjudicaciones y aseguró que los proyectos no obedecen a decisiones de última hora, sino a un proceso de planeación que comenzó desde finales de 2025.
Según explicó, las iniciativas fueron estructuradas conforme a la Ley de Contratación, el Estatuto Orgánico del Presupuesto y las demás normas que regulan la inversión pública en infraestructura.
Rojas afirmó que la contratación se desarrolló mediante licitación pública, con participación de empresas que acreditaron capacidad técnica, jurídica y financiera, y sostuvo que las vigencias futuras son una herramienta legal ampliamente utilizada por el Estado para garantizar la continuidad de proyectos de largo plazo.
La funcionaria también recordó que estas obras buscan dar cumplimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, mediante la cual se ordenó al Estado ejecutar acciones para enfrentar la crisis humanitaria que afecta a comunidades indígenas de La Guajira.
De acuerdo con la ministra saliente, los contratos beneficiarán principalmente a los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, donde se pretende mejorar la conectividad rural mediante la construcción y rehabilitación de vías terciarias acordadas dentro de la Mesa de Seguimiento Especial (Messep).
Las vías terciarias serán una prioridad de la #PatriaMilagro. Pero lo que muchos colombianos tienen derecho a preguntarse es por qué, a pocos días de terminar su mandato, el Gobierno saliente adjudica contratos del INVÍAS por más de $3,2 billones de pesos, comprometiendo recursos… https://t.co/T6SPjN1H2f
— Elsa Noguera (@elsanoguerabaq) August 3, 2026
En medio del intercambio de mensajes, María Fernanda Rojas también respondió a los cuestionamientos sobre el proceso de empalme entre ambos gobiernos. La ministra aseguró que toda la información relacionada con los contratos hace parte de los informes oficiales entregados al equipo entrante y sugirió que la controversia se habría evitado si los representantes designados hubieran participado plenamente en las reuniones de transición.
Además, defendió la gestión del Gobierno Petro en materia de infraestructura, señalando que durante los últimos cuatro años fueron destrabados proyectos por aproximadamente 15 billones de pesos, incluidos varios heredados de la administración del expresidente Iván Duque, cuyos contratos y vigencias futuras fueron respetados por el actual Gobierno.
El enfrentamiento evidencia las primeras diferencias entre el Gobierno saliente y el equipo de Abelardo De La Espriella en materia de infraestructura y manejo del presupuesto nacional. Mientras la administración entrante insiste en revisar los compromisos adquiridos en los últimos días del mandato de Petro, el Ejecutivo defiende que todas las actuaciones se realizaron dentro del marco legal y responden a obligaciones previamente establecidas por la Constitución y las altas cortes.
La polémica se produce a pocos días de la posesión presidencial del 7 de agosto y anticipa uno de los primeros debates que deberá afrontar el nuevo Gobierno en relación con los contratos y proyectos heredados de la administración saliente.
