En medio de una audiencia judicial, la Fiscalía General de la Nación aseguró que la exrectora Silvia Gette Ponce ya cumplió la condena impuesta por el delito de abuso de confianza, cerrando así el debate sobre la vigencia de dicha pena.
La declaración fue realizada por la fiscal 32 de Patrimonio Económico, Betzaida Guerra, quien indicó que el cumplimiento de la sanción quedó certificado desde el 11 de julio de 2022 por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas.
“La condena fue superada”, precisó la representante del ente acusador, al responder a los argumentos presentados por el abogado de la Universidad Autónoma del Caribe, Rafael Pacheco, quien había sostenido que la pena seguía vigente y que esto impediría a Gette asumir nuevamente la rectoría.
En la misma audiencia, la Fiscalía respaldó la decisión del Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla, que ordenó el restablecimiento de los derechos de Gette Ponce, al considerar que las actuaciones en su contra derivaban de hechos con origen delictivo.
Además, frente a los recursos presentados por otras partes, entre ellas el exrector Ramsés Vargas Lamadrid y el Ministerio de Educación, la Fiscalía sostuvo que los argumentos expuestos no desvirtúan la decisión adoptada en primera instancia.
Según la fiscal, el restablecimiento del derecho en este caso debe tramitarse bajo el código de procedimiento penal, y no en la jurisdicción civil, como lo han planteado algunos intervinientes.
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El caso está relacionado con investigaciones por presuntas irregularidades en actas y decisiones del Consejo Directivo en 2013, que habrían permitido la salida de Gette Ponce de la rectoría y la posterior designación de Vargas Lamadrid.
Por otro lado, la Fiscalía también se refirió a la actual situación administrativa de la universidad, señalando que Jorge Enrique Senior fue designado como rector en propiedad el pasado 9 de marzo de 2026 por el Consejo Directivo, lo que se enmarca dentro de las decisiones que siguen vigentes tras el fallo judicial.
El proceso continúa en curso mientras se resuelven los recursos presentados por las partes involucradas.
