El Juzgado 15 de Familia de Bogotá ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente de las afirmaciones que realizó en su cuenta de X contra el abogado Hollman Ibáñez Parra, apoderado de la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta.
La decisión se produjo tras resolver una acción de tutela presentada por el jurista, quien alegó que las publicaciones del mandatario vulneraron sus derechos fundamentales al buen nombre, la honra, la dignidad humana, el debido proceso, la independencia judicial, la seguridad personal y la vida.
El caso se originó por varios mensajes publicados por Petro en junio de 2026, en los que señaló que Ibáñez habría incurrido en un posible delito de prevaricato y cuestionó su actuación profesional. En uno de los trinos, el presidente compartió una fotografía del abogado y afirmó que su conducta constituía un delito, mientras que en otras publicaciones lo vinculó con un candidato presidencial y con actuaciones relacionadas con la representante Gloria Arizabaleta.
Al analizar el caso, el juzgado concluyó que las expresiones del jefe de Estado trascendieron el ámbito de la opinión política y podían asociar al abogado con la presunta comisión de un delito, sin que existiera un pronunciamiento judicial que respaldara tales afirmaciones.
En el fallo, el despacho recordó que las manifestaciones de quien ejerce la Presidencia de la República tienen un mayor impacto público y, por ello, están sujetas a un deber reforzado de prudencia, diligencia y verificación de los hechos antes de formular señalamientos.
Como consecuencia, el juez ordenó que, en un plazo máximo de tres días, el presidente Gustavo Petro publique en los mismos canales una retractación y aclaración pública, precisando que sus manifestaciones no constituyen una declaración sobre la responsabilidad penal de Hollman Ibáñez Parra. Además, la publicación deberá permanecer fijada en su perfil de X durante un mes, conforme a lo dispuesto en la decisión judicial.
La decisión corresponde a un fallo de tutela y podrá ser objeto de los recursos previstos por la ley.
