Un contrato por 80.000 millones de pesos para la adquisición de sistemas antidrones destinados a reforzar la seguridad en el Catatumbo quedó bajo cuestionamiento luego de que el Ejército Nacional concluyera que los equipos entregados no cumplen con las especificaciones técnicas y operacionales exigidas.
Los 19 sistemas fueron adquiridos por la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (Codaltec), entidad adscrita al Ministerio de Defensa, con el propósito de contrarrestar los ataques perpetrados con drones cargados con explosivos por grupos armados ilegales en esa región del país.
El contrato fue suscrito el 9 de julio de 2025 por un valor inicial de 57.000 millones de pesos, pero posteriormente recibió una adición presupuestal que elevó su costo total a 80.000 millones.
Aunque la entrega estaba prevista para diciembre de 2025, el contratista solicitó una prórroga hasta febrero de 2026. Una vez recibidos los equipos, un grupo especializado del Ejército realizó las pruebas técnicas y concluyó que no cumplían con los requisitos establecidos en el contrato.
Según el informe de evaluación, los sistemas presentaron deficiencias en funciones consideradas esenciales, como la detección e inhibición de aeronaves no tripuladas, capacidades fundamentales para neutralizar drones utilizados en ataques con explosivos.
Debido a esos resultados, el Ejército decidió no recibir oficialmente los equipos mientras no sean corregidas las fallas identificadas.
La compra de estos sistemas se realizó en medio del incremento de los ataques con drones explosivos en Colombia. De acuerdo con cifras conocidas, durante el último año se han registrado 172 ataques con este tipo de aeronaves, acciones que han dejado seis militares y cinco civiles fallecidos.
Ante las observaciones realizadas por el Ejército, la empresa responsable aseguró que efectuará los ajustes técnicos requeridos y que continúa dentro de los plazos establecidos para corregir las deficiencias.
Mientras avanzan esas modificaciones, los sistemas permanecen en proceso de instalación y deberán superar nuevas pruebas de funcionamiento relacionadas con detección, inhibición, geolocalización y cartografía antes de que puedan ser aceptados oficialmente por la Fuerza Pública.
El caso ha generado interrogantes sobre la ejecución del contrato y la efectividad de una inversión destinada a fortalecer la capacidad del Estado frente a una de las principales amenazas de seguridad que enfrenta actualmente el país.
