“Me invade la ira, la desesperanza, una sensación de impotencia y culpa. Ningún paso adelante y un retroceso tan inmenso para Afganistán”, expresó la activista Shaharzad Akbar.
La ONU criticó la decisión de las autoridades de facto, subrayando que se trata de un movimiento “muy inquietante” y que supone “otra promesa rota”.
El organismo además denunció la nueva prohibición de visitar parques públicos o gimnasios y había asegurado que el “espacio social” para la mujer en Afganistán se está restringiendo ya “tanto como su espacio político”.
Las mujeres no podrán asistir a las universidades en Afganistán, según una orden publicada este martes por el Gobierno de los talibanes, en un nuevo movimiento de opresión del régimen fundamentalista que ya prohibió hace un año la educación secundaria de niñas.
La medida dirigida a universidades públicas y privadas debe entrar en vigor con “efecto inmediato”, según una carta del Ministerio de Educación de Educación Superior difundida pro medios afganos.
La carta dirigida a las autoridades de las universidades del sector público y privado instruye a los centros a prohibir todo tipo de educación para mujeres “con efecto inmediato y hasta nuevo aviso”.
La decisión de hoy está precedida de la prohibición a la educación secundaria femenina impuesta desde que los talibanes llegaron al poder en agosto del año pasado.
Sin embargo, los islamistas habían prometido en varias ocasiones que permitirían la educación de las jóvenes una vez que encontraran un modelo de enseñanza que se adecuara a la sharía o ley islámica.
A los largo de casi año y medio, estas restricciones se sumaron a otras en un continuo retroceso de los derechos humanos para las mujeres, como la segregación por sexos en lugares públicos, la imposición del burka o la obligación de ir acompañadas de un familiar masculino en trayectos largos.
“Me invade la ira, la desesperanza, una sensación de impotencia y culpa. Ningún paso adelante y un retroceso tan inmenso para Afganistán en los últimos 16 meses. Tenemos que encontrar formas nuevas y creativas de mantener la luz encendida, para que la lucha continúe”, publicó en Twitter la activista afgana Shaharzad Akbar.
Hace escasamente dos meses que miles de jóvenes de todo el país presentaron las pruebas para los ingresos a las universidades, lo que suponía para miles chicas una de las últimas oportunidades para acceder a la educación superior.
Entre ellas se encuentra Fatima Amiri, una joven de la perseguida minoría chií hazara, que perdió uno de sus ojos en un ataque suicida en un centro educativo de Kabul y que aún con las heridas de aquel atentado presentó las pruebas de ingreso y logró un puesto en una de las principales instituciones de Kabul.
Estudiar informática “era mi sueño”, contó Amiri cuando se conocieron los resultados de admisión.
Pese a que prometieron que habían cambiado, los talibanes han repetido el comportamiento de su anterior régimen entre 1996 y 2001, cuando en base a una rígida interpretación del islam y su estricto código social conocido como pastunwali prohibieron la asistencia femenina a las escuelas y recluyeron a las mujeres en el hogar.
“OTRA PROMESA ROTA”
La ONU criticó la decisión de los talibanes, subrayando que se trata de un movimiento “muy inquietante” y que supone “otra promesa rota” por parte de las autoridades de facto del país.
“Es otro movimiento muy, muy inquietante y es difícil imaginar cómo un país puede desarrollarse y abordar todos los problemas que tiene sin la participación activa de la mujer y sin educación para las mujeres”, dijo el portavoz de la organización Stéphane Dujarric al ser preguntado durante su conferencia de prensa diaria.
Según Dujarric, esto es “claramente otra promesa rota por parte de los talibanes”, que habían garantizado repetidamente a la comunidad internacional su intención de respetar los derechos de las mujeres.
“Hemos visto desde su toma del poder, en los últimos meses, una reducción del espacio para las mujeres, no sólo en educación, sino también en acceso a lugares públicos y su exclusión del debate público“, recordó el portavoz.
El anuncio por parte de los talibanes se conoció precisamente mientras el Consejo de Seguridad de la ONU estaba reunido para discutir la situación en Afganistán.
MUJERES SIN ESPACIO SOCIAL
En la apertura de la sesión, la enviada de Naciones Unidas para el país, Roza Otunbayeva, había denunciado otras restricciones a las mujeres impuestas recientemente por el grupo extremista, aún sin conocer esta última decisión.
Entre otras cosas, Otunbayeva había denunciado la nueva prohibición de visitar parques públicos o gimnasios y había asegurado que el “espacio social” para la mujer en Afganistán se está restringiendo ya “tanto como su espacio político“.
En su discurso, había condenado una vez más el cierre de las escuelas de secundaria para niñas, un movimiento que, recordó, haría que en dos años ya no hubiera alumnas ingresando en las universidades.
“Esta decisión es extremadamente impopular entre los afganos e incluso dentro del liderazgo talibán. Ha sido criticada por todo el mundo islámico, ha minado las relaciones de los talibanes con la comunidad internacional, pero continúa en vigor causando hoy daños que se sentirán durante mucho tiempo en el futuro“, señaló.
EL REGRESO DE LAS EJECUCIONES
Además, Otunbayeva llamó la atención sobre el reciente aumento de los castigos físicos en público y el regreso de las ejecuciones públicas en Afganistán tras recientes decisiones de los talibanes.
La enviada de la ONU dijo que ha pedido directamente al régimen que aplique la ley religiosa evitando actos de castigo corporal, tal y como hacen muchos países islámicos, después de que los talibanes se defendieran de las críticas internacionales asegurando que eran antislámicas.
Sobre la situación política en el país, Naciones Unidas apuntó que no hay “una oposición visible” a los talibanes y aseguró que los políticos exiliados, pese a ser muy críticos con las actuales autoridades, tienen un eco cada vez menor entre la población del país.
En el aspecto humanitario, mientras, el principal responsable de la ONU en este ámbito, Martin Griffiths, describió una situación desastrosa, con un 97 por ciento de la población viviendo en la pobreza, dos tercios del país dependiente de la ayuda humanitaria y 20 millones de personas con riesgo de hambre aguda.
