El Congreso de Perú aprobó este jueves una moción en la que reitera la declaración de persona non grata contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al considerar que sus declaraciones “desconocen y atentan contra la soberanía nacional”.
La medida, que ya había sido adoptada en 2023 durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, responde esta vez a los recientes pronunciamientos de Petro sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en una isla amazónica cuya soberanía disputan Bogotá y Lima. Según el Legislativo peruano, los señalamientos del mandatario colombiano alentaron actos hostiles, como la colocación de una bandera de Colombia, el sobrevuelo de un avión militar y la detención de dos topógrafos colombianos en el lugar.
La moción también exhorta al Ministerio de Relaciones Exteriores peruano a emitir una nota diplomática oficial dirigida al Gobierno de Colombia y a la comunidad internacional para formalizar la decisión.
Colombia sostiene que el territorio en disputa surgió tras la firma del Tratado de la isla Santa Rosa de 1922 y que, por tanto, no está incluido en el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, que definió los límites fronterizos. Perú, en cambio, argumenta que forma parte de la isla Chinería y que su soberanía fue ratificada en 1929.
La tensión se ha intensificado en las últimas semanas. La presidenta Boluarte visitó Santa Rosa para advertir que “no se cederá ni un centímetro de territorio”, mientras que los cancilleres de ambos países, Rosa Yolanda Villavicencio (Colombia) y Elmer Schialer (Perú), se reunieron en Bogotá en el marco de la V Cumbre de Países Amazónicos para tratar de encauzar la controversia.
Según un comunicado de la Cancillería colombiana, el encuentro se desarrolló en un ambiente de “cordialidad y respeto”, y se acordó la realización de la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente de Inspección de la Frontera (Comperif), programada para el 11 y 12 de septiembre en Lima. Los ministros también coincidieron en la importancia de garantizar la navegabilidad del río Amazonas y atender de manera conjunta las necesidades de las comunidades fronterizas.
