El Gobierno de Estados Unidos confirmó este lunes la designación del denominado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), una decisión que amplía la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro y altos mandos militares venezolanos, a quienes Washington vincula con esta estructura criminal.
La medida quedó formalizada con su publicación en el Registro Federal, lo que otorga nuevas herramientas legales a la Administración del presidente Donald Trump para actuar en contra de esta organización, cuya existencia ha sido reiteradamente negada por Caracas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que “existen suficientes pruebas para determinar” que el Cartel de los Soles cumple con las condiciones que exige la Ley de Inmigración y Nacionalidad para ser catalogado como FTO. Esa normativa establece que un grupo designado debe ser extranjero, participar en actividades terroristas y representar una amenaza para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional.
La designación se produce meses después de que, en julio, el Departamento del Tesoro clasificara a esta organización como un “grupo terrorista global especialmente designado” (SDGT). En ese momento, el Gobierno venezolano calificó la acusación como un “invento” de Washington.
Aunque desde los años noventa autoridades estadounidenses han señalado que el grupo estaría conformado principalmente por militares venezolanos —el nombre provendría de las insignias de sol utilizadas por los generales—, las investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) no se hicieron oficiales hasta marzo de 2020. En esa fecha, el Departamento de Justicia aseguró que el Cartel de los Soles es encabezado por Nicolás Maduro y el entonces ministro del Interior, Diosdado Cabello.
La decisión coincide con una intensificación de la estrategia de presión del Gobierno de Trump en la región, incluida una operación militar en el sur del Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico. Según Washington, estas acciones han resultado en la destrucción de cerca de una veintena de embarcaciones presuntamente utilizadas para transportar drogas y la muerte de 83 personas que viajaban en ellas.
Con la designación oficial, Estados Unidos refuerza su ofensiva diplomática y judicial contra el círculo cercano de Maduro, mientras el Gobierno venezolano mantiene su posición de rechazo y denuncia lo que considera una campaña de agresiones políticas.
