Una jueza federal en Washington D. C., Jia Cobb, bloqueó de manera temporal la política de deportaciones rápidas del expresidente Donald Trump, al considerar que vulnera el derecho al debido proceso.
La medida, restablecida en enero por Trump, permite la expulsión inmediata de inmigrantes indocumentados que no logren demostrar una permanencia continua de al menos dos años en Estados Unidos, sin la posibilidad de una audiencia.
En su dictamen, de 48 páginas, Cobb señaló que la política “prioriza la rapidez” y “llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado”. La jueza aclaró que no cuestiona la constitucionalidad de las deportaciones rápidas aplicadas en la frontera sur para quienes llevan pocos días en el país, sino su expansión a comunidades del interior.
La decisión responde a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la organización proinmigrante Make The Road New York, que argumentaron que la medida viola la Quinta Enmienda, además de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Ley de Procedimiento Administrativo.
Cobb cuestionó la postura del Gobierno de Trump, que sostenía que quienes entran ilegalmente no tienen derecho a un proceso justo. “Si eso fuera correcto, no solo los no ciudadanos, todos estaríamos en riesgo”, advirtió.
