Por José David Name
Cuando pensábamos que el tema del nuevo peaje entre Arroyo de Piedra, Luruaco y Molinero, Sabanalarga, ya se había zanjado, esta semana volvió a revivir la controversia sobre su instalación. La indignación que ha causado en los atlanticenses el anuncio de la nueva caseta se suma a los reclamos que por años se han realizado en el departamento por el excesivo número de peajes que hay en este territorio.
El rechazo generalizado por parte de la población, los camioneros, las autoridades locales y departamentales, tiene su justificación en la grave afectación que generaría en la dinámica económica del departamento esta instalación. Otro de los reclamos se centra en lo injusto que resulta colocar una nueva caseta a menos de 40 kilómetros del peaje Galapa – Baranoa, hecho que transgrede todo parámetro técnico, al incumplir la distancia mínima requerida.
El reciente anuncio de la viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez, quien aseguró que el peaje sí será instalado para la ejecución del proyecto, es totalmente opuesto al realizado por el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Felipe Gutiérrez, el mes pasado, cuando dijo que la caseta no se instalaría. El tema genera mayores confusiones e inquietudes cuando encontramos que el 7 de julio de 2021, el Ministerio de transporte emitió la Resolución 20213040028355 en la que autoriza el peaje en Arroyo de Piedra.
La falta de claridad por parte, del Ministerio de Transporte y la ANI, respecto a esta polémica caseta se ha tornado irrespetuosa para los atlanticenses, quienes se sienten engañados con el tira y afloje que se está dando entre los funcionarios. Las contradicciones que han surgido alrededor de la instalación del nuevo peaje en la vía a la Cordialidad, están exacerbando la paciencia de las comunidades, quienes ya han anunciado protestas y bloqueos en las carreteras.
Que las poblaciones directamente afectadas no hayan sido consultadas y no conozcan los detalles de la obra, es un grave error por parte del Gobierno. La escasa socialización del proyecto y la actitud impositiva de algunos funcionarios, está profundizado la negativa de los ciudadanos, quienes con toda razón, sienten que se les está agrediendo. Resulta contradictorio desde todo punto de vista que el desarrollo de la infraestructura vial se haga a costa del deterioro de las condiciones socioeconómicas de los barranquilleros y atlanticenses, en un año como el 2022, que será clave para la recuperación.
Desde la bancada del Atlántico nos unimos al rechazo rotundo de la instalación de esta caseta. En los próximos días estaremos citando a la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco y al director de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, a un debate de control político en el Congreso para que aclaren la situación y se busquen alternativas diferentes a seguir afectando el bolsillo de los más pobres.
Los atlanticenses no soportan otra caseta de cobro en su jurisdicción, ya tienen suficiente con ser el departamento con la mayor cantidad de peajes de la Costa Caribe y el tercero en Colombia donde más colombianos entraron en pobreza monetaria, según cifras del DANE. La instalación de un nuevo peaje no solo añadiría una profunda afectación económica, también produciría un gran malestar social en la comunidad, que ya está cansada de tanto abuso.
