La Fiscalía General de la Nación remitió copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que determine si existen elementos que permitan abrir una investigación contra el presidente Gustavo Petro por hechos relacionados con la muerte del menor Kevin Arley Acosta y la presunta divulgación no autorizada de información médica del niño.
La decisión se conoce dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía por el fallecimiento del menor, quien tenía siete años y padecía hemofilia severa. El organismo judicial solicitó, además, audiencia de formulación de imputación contra cuatro personas que estarían vinculadas a posibles irregularidades en la atención médica recibida por el niño.
Entre los investigados se encuentran el médico que atendía al menor y representantes de la EPS, de acuerdo con la información entregada por la Fiscalía. La investigación busca establecer si existieron omisiones o fallas en la prestación del servicio de salud que pudieron tener relación con el desenlace del caso.
En paralelo, la fiscal encargada del proceso decidió compulsar copias a la Comisión de Acusaciones debido a actuaciones relacionadas con el Gobierno nacional. El documento pide establecer si podría existir algún tipo de responsabilidad del presidente Petro, teniendo en cuenta su condición de jefe de Estado y las decisiones adoptadas durante la intervención de la Nueva EPS.
La compulsa no significa que el presidente haya sido declarado responsable de la muerte del menor ni que exista una imputación en su contra. Su propósito es poner los hechos en conocimiento del órgano constitucional competente para que determine si hay mérito para iniciar una investigación.
Uno de los puntos que deberá ser analizado está relacionado con la historia clínica de Kevin Acosta. La Fiscalía recibió una denuncia que cuestionaba la presunta divulgación de información médica reservada del menor a través de canales institucionales de comunicación del Estado, sin autorización de sus familiares.
El caso adquirió relevancia nacional luego de que Petro se pronunciara públicamente sobre la muerte del niño y cuestionara que Medicina Legal no hubiera entregado información relacionada con la necropsia.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses respondió a los señalamientos y explicó que, por tratarse de elementos vinculados a una investigación judicial, la historia clínica y el informe de necropsia tienen carácter reservado y solo pueden ser entregados a las autoridades competentes o cuando exista una orden judicial que así lo determine.
Según explicó el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, el organismo recibió el 4 de marzo una solicitud del Ministerio de Salud para entregar la historia clínica y el informe de necropsia del menor. La entidad respondió amparándose en las normas que regulan la reserva de este tipo de documentos.
Posteriormente, el Ministerio de Salud presentó una acción de tutela para solicitar el acceso a la documentación. Sin embargo, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró improcedente la acción el 14 de abril.
El despacho judicial consideró que la respuesta de Medicina Legal había atendido la solicitud dentro de los términos legales y recordó la naturaleza reservada de los elementos que hacen parte de una investigación penal.
La muerte de Kevin Arley Acosta ocurrió el 13 de febrero, cuando el menor permanecía internado en una unidad de cuidados intensivos de Bogotá. Su caso se convirtió en uno de los episodios más controvertidos del debate nacional sobre el acceso a medicamentos y la situación del sistema de salud.
Ahora, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara deberá determinar si los hechos remitidos por la Fiscalía tienen relevancia suficiente para abrir una investigación contra Petro, mientras el proceso penal por la muerte del menor continúa su curso.
La actuación representa un nuevo frente judicial para el mandatario, a pocos días de concluir su periodo presidencial, aunque será la autoridad competente la que deberá establecer si existió alguna conducta irregular y, eventualmente, si hay responsabilidades individuales.
