El escándalo por los viajes de Juliana Guerrero, jefa de gabinete del Ministerio del Interior, en aeronaves de la Policía junto a su familia sigue creciendo. Este martes 22 de julio, a las 10:00 a. m., funcionarios de la Procuraduría Primera delegada en Bogotá llegaron de manera sorpresiva a la base de Antinarcóticos de la Policía en Catam, como parte de la inspección disciplinaria que busca esclarecer los hechos.
La investigación se centra en determinar si Guerrero utilizó un avión y un helicóptero de la Policía para trasladarse a varias regiones del país acompañada de su familia, lo que encendió las alertas, dado que la ley prohíbe que particulares se movilicen en aeronaves de la fuerza pública.
Según se ha conocido, Guerrero habría viajado en un avión de la Policía desde Bogotá a Valledupar, y luego en helicóptero hasta Aguachica, llevando consigo a su hermana, lo que generó cuestionamientos sobre quién autorizó estos desplazamientos y bajo qué justificación se realizaron.
La Procuraduría ya había visitado el Ministerio del Interior el pasado 17 de julio y se entrevistó con el ministro Armando Benedetti, quien defendió a Guerrero asegurando que el viaje correspondía a una “misión reservada”. Sin embargo, el organismo de control solicitó al ministro entregar el convenio existente entre el Ministerio y la Policía para el uso de las aeronaves, así como la lista de personas que han viajado en estos medios en los últimos meses, con nombres completos y números de cédula, además de precisar quién ordenó los desplazamientos de Guerrero.
El presidente Gustavo Petro también defendió públicamente a Guerrero, afirmando que el viaje se realizó en cumplimiento de labores para el país, aunque no explicó por qué la funcionaria llevó a su hermana durante dichos desplazamientos.
El caso ha generado controversia, tanto por el uso de bienes del Estado para el transporte de familiares de funcionarios como por los señalamientos sobre la experiencia de Guerrero para ocupar el cargo de jefa de gabinete. Además, se conoció que la funcionaria figura en el Sisbén con clasificación B, correspondiente a colombianos de ingresos bajos, lo que ha generado más cuestionamientos públicos.
La Procuraduría continuará con las inspecciones y la recolección de información para determinar si existió una falta disciplinaria en este caso, mientras se espera que el Ministerio del Interior entregue los documentos requeridos y las explicaciones sobre los traslados de la funcionaria y sus familiares en aeronaves oficiales.
