En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 11 años al concejal de Leticia (Amazonas), Homero de Jesús Benjumea Cachique, al demostrar que recibió dinero de un ciudadano para gestionar un beneficio tributario y la expedición de un paz y salvo del impuesto predial.
El ente de control comprobó que el servidor público recibió recursos económicos para adelantar un trámite que no hacía parte de sus competencias, afectando los principios de moralidad, transparencia y rectitud que orientan la función pública, aprovechando su investidura como cabildante durante 2021.
Para la Entidad, el funcionario desconoció los límites que el ordenamiento jurídico impone a los miembros de las corporaciones públicas y optó por negarse a devolver los recursos de los que se apropió ilícitamente hasta que fue requerido penalmente para conciliar, comprometiendo con ello la confianza ciudadana y el correcto ejercicio de la función pública.
La falta de Benjumea Cachique fue calificada como gravísima a título de dolo. Contra la decisión procede recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría.
