En las últimas horas se conoció que la Sala Especial de Primera Instancia condenó a 6 años y dos meses de prisión, al exgobernador de Cesar Lucas Gnecco Cerchar.
La decisión fue adoptada por la Corte Suprema, luego de analizar las irregularidades en contratación en el departamento.
Sin embargo, la condena al exmandatario departamental del Cesar, deberá cumplirla en casa debido a una enfermedad grave de Gnecco.
El fallo se da porque, Gnecco estando como gobernador entre 1998 y 2000, Gnecco Cerchar, al parecer habría avalado la expedición de varios decretos que modificaron las apropiaciones del Presupuesto de Rentas y Gastos del departamento para la vigencia fiscal 1999 sin contar con la aprobación de la Asamblea Departamental.
Fue así como se llegaron a destinar a gastos de inversión los recursos que correspondían a gastos de funcionamiento del sector docente y se suscribieron 101 contratos de manera irregular. Según el expediente, para tales contratos, Gnecco Cerchar delegó la ordenación del gasto a su secretario de Educación y al Gerente de Proyectos Especiales.
“Los actos de delegación no exigen de responsabilidad a Gnecco Cerchar (…) En virtud de los deberes de dirección, instrucción, orientación y seguimiento de la función delegada, en cualquier momento de esa relación está facultado para reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario”, dice la sentencia y agrega la corte que “Lo que devela la prueba (…) es que las maniobras presupuestales y la delegación de la ordenación del gasto, conductas desplegadas por Gnecco Cerchar en su condición de gobernador y representante legal de la entidad territorial, fueron el mecanismo a través del cual facilitó la consecución ilegal de recursos y sus posterior apropiación por terceros, a través de la profusa actividad contractual adelantada”.
Añade también diciendo, “En cuanto al desconocimiento de los requisitos legales esenciales en los contratos por los que se procede, para la Sala deviene claro que en su trámite, celebración y liquidación se incumplieron de forma sistemática los principios de transparencia, economía, planeación, responsabilidad, publicidad y selección objetiva exigibles de la contratación administrativa”.
La Sala de Primera Instancia agregó que también se violaron los “postulados de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad e imparcialidad que orientan la función pública, por manera que no son más que el reflejo de su ejercicio abusivo y arbitrario en detrimento del interés general”.
La Corte Suprema encontró en irregularidades en 11 contratos suscritos, en total por $692 millones entre febrero y diciembre de 1999 para el suministro de materiales de oficina, cintas, disquetes; para decoración navideña; para laboratorios completos de ciencias de básica primaria, entre otros.
“Ninguna de tales exigencias e cumplió a cabalidad, ni en el contrato de prestación de servicio, ni en los de suministro o los de mantenimiento, bien porque se obvió por completo adelantar el estudio previo de conveniencia y oportunidad, o simplemente se utilizó un formato sin consideración alguna a las particularidades del objeto contractual”, dijo la Corte.
D.A.
