Ante las graves afectaciones ocasionadas por la actual oleada invernal en Montería, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una intervención preventiva con el fin de vigilar y garantizar la adecuada atención a las comunidades damnificadas.
La jornada contó con el protagonismo de los personeros municipales que son los directos voceros de la defensa de los derechos de los pobladores de cada municipio afectado.
El Ministerio Público solicitó a la alcaldía de Montería, así como a la Gobernación de Córdoba y a los organismos de gestión del riesgo un informe detallado sobre las acciones adelantadas para mitigar el impacto de las lluvias, especialmente en los sectores ribereños y zonas vulnerables que han reportado inundaciones, pérdida de enseres y afectaciones en vías y servicios públicos.
Entre otros, la Procuraduría requirió información precisa sobre la activación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, el censo actualizado de familias damnificadas, la disponibilidad de ayudas humanitarias, los planes de contingencia frente a nuevas y eventuales crecientes de los tres afluentes que generaron la emergencia y las medidas preventivas adoptadas en instituciones educativas y centros de salud.
El ente de control hizo un llamado a las autoridades para que se priorice la atención integral a niños, adultos mayores y personas en condición de discapacidad, garantizando condiciones dignas en albergues temporales y acceso oportuno a agua potable y atención médica.
La Procuraduría reiteró que mantendrá vigilancia permanente sobre la ejecución de los recursos destinados a la emergencia y recordó a las entidades territoriales su deber constitucional de actuar con celeridad, transparencia y coordinación institucional.
Finalmente, el organismo de control invitó a la ciudadanía a reportar posibles irregularidades en la entrega de ayudas o fallas en la atención a través de los canales oficiales.
