La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra los entonces representante legal de Electricaribe (Sociedad Electrificadora del Caribe S. A.) – ESP (Empresa de Servicios Públicos), José García Sanleandro (2012-2016), y el director de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, Rogerio Ramírez Reyes (2014-2016), por presuntas omisiones en el manejo de recursos públicos por valor de $211.227’488.393.
El ente de control cuestionó a García Sanleandro y a Ramírez Reyes la posible falta de seguimiento, control y vigilancia de cinco convenios que incluían la administración y disposición de recursos provenientes del FAER (Fondo de Apoyo Financiero para la energización de las Zonas Rurales Interconectadas) y del PRONE (Programa de Normalización de Redes Eléctricas), lo que podría haber conllevado a un eventual detrimento por $45.769’264.420.
Los investigados habrían podido generar un uso indebido de recursos de inversión social, por la posible falta de culminación de 29 proyectos contemplados en los convenios FAER y PRONE, que tenían por objeto asegurar la prestación eficiente de energía, ampliar la cobertura y satisfacer la demanda de este servicio público en la Región Caribe.
Con esta supuesta actuación García Sanleandro podría haber desconocido el ordenamiento jurídico que regulaba sus deberes como administrador, la actividad contractual estatal y la debida administración de las rentas públicas entregadas a la empresa que representaba, para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado colombiano.
En cuanto a Ramírez Reyes la Procuraduría señaló que pudo haber omitido sus deberes como supervisor de los cinco contratos FAER y PRONE, consistentes en informar al Minminas las circunstancias que pudieron poner en riego el cumplimento de los negocios jurídicos bajo su responsabilidad (Numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002).
En un segundo cargo se cuestionó al exrepresentante legal de Electricaribe por la presunta aplicación indebida del subsidio del FOES (Fondo de Energía Social), que concede el Gobierno nacional al consumo individual de energía por parte de los usuarios de estratos 1 y 2, el cual habría sido otorgado contrario a lo previsto en la norma, esto es, al consumo comunitario.
Esta posible irregularidad se habría traducido en una sanción impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, tras comprobar que recursos del beneficio FOES por $165.458’223.973, fueron empleados para disminuir las pérdidas de la empresa entre octubre de 2012 y diciembre de 2016.
García Sanleandro podría haber utilizado indebidamente recursos públicos provenientes de los fondos FAER, PRONE y FOES, transgrediendo el numeral 4 del artículo 55 del Código Disciplinario Único.
Con estas posibles conductas los investigados podrían estar incursos en falta gravísima cometida con culpa gravísima.
Los implicados podrán solicitar o aportar las pruebas que consideren no pertinentes para su defensa.
