La Procuraduría General de la Nación alista la formulación de cargos disciplinarios contra Nicolás Petro Burgos por un presunto incremento injustificado de su patrimonio, que supera los 1.189 millones de pesos. La investigación concluyó que, durante su gestión como diputado del Atlántico en 2022, Petro registró ingresos oficiales por $219 millones, pero realizó gastos por más de $1.400 millones.
Según el expediente, la desproporción entre sus ingresos y egresos carece de justificación económica, y su defensa no ha logrado desvirtuar los hallazgos ni aportar evidencia que respalde el origen de los recursos. El proceso se sustenta en pruebas documentales y testimoniales, muchas de ellas obtenidas también en el proceso penal que cursa en paralelo.
Las pesquisas se iniciaron tras las denuncias de su exesposa Day Vásquez, quien señaló que Nicolás Petro habría recibido dinero de contratistas, políticos regionales y el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, con el que habrían financiado una vida de lujos, bienes raíces y viajes.
El caso se convierte en un nuevo frente judicial para el entorno familiar del presidente Gustavo Petro, mientras la Procuraduría avanza en la fase formal del proceso disciplinario que podría acarrear inhabilidades para el hijo del mandatario.
El procurador regional del Atlántico advirtió que no hay evidencia de que Nicolás Petro hubiera ejercido otra actividad económica adicional a su cargo público que explique semejante desbalance patrimonial.
