Una carrera contra el reloj que ha dejado más dudas que certezas. El Ministerio del Interior se encuentra en el ojo del huracán tras la adjudicación y firma de un multimillonario contrato por un valor de $54.443 millones de pesos. ¿El detalle que indigna a la opinión pública? Todo el proceso se consolidó en un tiempo récord de apenas seis horas.
Este fulminante trámite administrativo, financiado con millonarios recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON), ha levantado una ola de sospechas debido a la velocidad del proceso, la total ausencia de competencia y el polémico historial del beneficiario.
Un único oferente bajo la lupa
La contratación se realizó bajo la modalidad de contratación directa, lo que significa que no hubo licitación ni oportunidad para que otras empresas compitieran. El proveedor único seleccionado no es un desconocido para los entes de control; de hecho, arrastra un denso historial de cuestionamientos públicos:
Presuntos sobrecostos: Previamente señalado por supuestas irregularidades en la compra de dispositivos táser para la seguridad de Bogotá.
Vínculos de inteligencia: Su participación activa, junto a la firma española Mollitiam Industries, en la venta de un polémico software de perfilamiento destinado a la inteligencia policial.
El dato clave: El contrato express ya contempla un anticipo programado. El primer desembolso pactado supera la astronómica cifra de $27.221 millones de pesos, equivalente al 50% del total del proyecto.
El llamado urgente a las autoridades
La velocidad inédita del trámite por parte de la cartera del Interior y los antecedentes del contratista han provocado una reacción inmediata de diversos sectores, quienes exigen respuestas claras y máxima transparencia.
Ante el riesgo inminente sobre el patrimonio del Estado, se ha emitido un llamado de urgencia a la Contraloría General de la República (CGR) y a la Procuraduría General de la Nación (PGN). La meta es clara: congelar cualquier movimiento de dinero, auditar el proceso de fondo y proteger los recursos públicos antes de que se autorice y efectúe el millonario desembolso inicial.
