Los contratos de las dos zonas, que suman $ 48.739.961.016, deberían firmarse en pocos días.
Las alertas prendidas por la Procuraduría General de la Nación-PGN- de presuntas irregularidades en el proceso de licitación para elegir al operador del Programa de Alimentación Escolar-PAE-, en el departamento del Cesar, llevaron a la suspensión de la adjudicación.
Las razones del Ministerio Público se basan en posibles inconsistencias halladas en la evaluación y calificación de las dos únicas empresas participantes en el proceso licitatorio.
Sumado a esto, las diligencias adelantadas por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública tratan de establecer posibles inhabilidades y conflictos de intereses en el mismo proceso de selección.
Medios de comunicación han denunciado nexos políticos y contratos amarrados con la administración, lo que en concepto del ente de control merece especial seguimiento.
El contrato para la vigencia 2023 y que tiene como objetivo suministrar las raciones alimentarias para instituciones educativas oficiales en zonas urbanas y rurales del departamento, y que sería adjudicado en pocos días tiene un presupuesto asignado de $ 48.739.961.016.
El Ministerio Público ha sido enfático y recuerda el cumplimiento estricto de la directiva 019 de 2022 sobre la “Planeación oportuna de procesos de contratación del programa de alimentación escolar 2023” y de la Resolución 092 de 2021, expedida por la señora Procuradora General de la Nación, “Por medio de la cual se crea el Comité Especial para el Programa de Alimentación Escolar- CEPAE.”
