La funcionaria habría utilizado datos, documentos y falsificado la firma de un médico para celebrar y pagar contratos de prestación de servicios por $ 95 millones.
Se investiga si las identidades de otros dos profesionales de la salud habrían sido usadas, también sin su autorización, para generar más contratos falsos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra Érica IBeth Cossio Moreno, exgerente del hospital municipal, E.S.E José Rudencio López Parodi, de Barranco de Loba, Bolívar, (2016-2019) tras recibir denuncias sobre presunto uso fraudulento de identidad y contratación ficticia de médicos.
Los hechos se conocieron cuando en la Procuraduría provincial de El Banco se recibió queja en la que se denunció que el médico, Luis Alberto Ramos Ávila, habría descubierto que en la mencionada institución se habría utilizado su nombre, falsificado su firma y otros documentos para celebrar y pagar ocho contratos de prestación de servicios entre 2017 y 2019 por $ 95 millones.
El hallazgo se produjo luego de que el médico recibiera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, (DIAN) una notificación requiriéndolo para declarar los ingresos recibidos como contratista de esa entidad de salud entre 2017 y 2019.
Convencido de que se trataba de un malentendido, ya que asegura jamás haber tenido relación contractual alguna con dicha entidad, el doctor Ramos Ávila realizó en el Sistema de Contratación Estatal, (Secop) donde deben reportarse los datos sobre la contratación con entidades del estado, una búsqueda sobre órdenes de prestación de servicio a su nombre y se encontró con una, supuestamente firmada por él con mencionada entidad por servicios prestados entre el 2 de enero y 2 de julio de en 2019 por $26.4 millones.
Con esta información y queriendo llegar al fondo del asunto, pues la DIAN había mencionado en su comunicación contratos entre 2017 y 2019, el médico se asesoró para elevar un derecho de petición a la entidad de salud, solicitando información detallada y copias de todas las presuntas órdenes de prestación de servicios, cuentas de cobro, órdenes de pago y actas de inicio y terminación de los contratos a su nombre.
La respuesta a su solicitud reveló un panorama mucho peor, al menos ocho contratos de prestación de servicios habrían sido celebrados a su nombre y pagados entre 2017 y 2021 por $95 millones, utilizando copias de sus documentos (Cédula, Hoja de Vida, certificados de estudio) sin autorización y falsificando su firma, todos firmados por Érica IBeth Cossio Moreno, gerente y ordenadora del gasto de la ESE para la época.
Una investigación más profunda hecha por la administración del hospital descubrió más contratos de prestación de servicios presuntamente ejecutados y pagados a otros dos médicos que aseguran nunca haber tenido relación contractual con dicha entidad.
Tras conocer la denuncia y el sustento probatorio allegado en ella, la Procuraduría ordenó abrir investigación contra la funcionaria en mención.
“Existen hechos constitutivos de falta disciplinaria sobre los cuales en principio se presume pudieron ser cometidos por la señora Érica IBeth Cossio Moreno (…) se le investigará por haber realizado o permitir que se realizaran contratos ficticios, además por haber ordenado o permitir que se realizaran pagos a personas que no prestaron servicios ni tuvieron vínculo real con la ESE que ella representaba y permitir que de manera fraudulenta se hiciera uso de nombres, identidades, hojas de vida y documentos”, asegura el auto de apertura.
Entre las pruebas solicitadas a la ESE están el listado de la planta de personal y todos los contratos firmados entre 2018 y 2019 con nombres e identidades de contratistas y supervisores, objetos contractuales, fechas, plazos de ejecución y valores, esto con el fin de establecer si existen más casos.
El Ministerio Público también solicitó las identidades y datos de quienes ejercieron como presuntos supervisores de los falsos contratos, y de quienes fungieron como jefes de Talento Humano, Tesorero y Pagador de la ESE para la época de los hechos, además de toda la documentación referente a órdenes de pago y soportes de egreso, entre otros, con el fin de cuantificar el presunto desfalco y determinar cómo se habría organizado la red que ejecutó los presuntos delitos, que además constituirían faltas disciplinarias gravísimas.
