Por David Awad V. El rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Jorge Enrique Senior, respondió públicamente a la estudiante Claudia Alejandra Vargas Calderón, quien denunció haber sido blanco de una investigación disciplinaria por publicar videos donde expone presuntas irregularidades dentro de la institución. A través de un hilo en la red social X, el rector fue tajante: “La libertad de expresión no ampara el insulto, la amenaza, la mentira, la difamación ni la calumnia”.

1 Hilo sobre la lógica institucional de la Universidad Autónoma del Caribe para ilustrar a los desinformados. En la UAC hay normas y debido proceso. Las normas se crean y eventualmente se cambian mediante procesos institucionales, no por voluntad de un individuo.

— Jorge Senior UAC (@JorgeSeniorUac) September 16, 2025

Senior defendió el actuar de la universidad señalando que “en la UAC hay normas y debido proceso, y no están para decoración”. Aclaró además que no tiene la potestad de administrar justicia, pero sí de velar por el cumplimiento del reglamento interno.

¿Denuncia o amedrentamiento?

La estudiante, quien cursa Comunicación Social y Periodismo, reveló que el proceso disciplinario estaría motivado por sus publicaciones en redes sociales, donde denuncia casos de presunta discriminación hacia estudiantes en condición de discapacidad. Según Vargas, su activismo digital incomodó a las directivas. “Me están abriendo un proceso por ejercer mi derecho a hablar”, denunció la joven en declaraciones a Zona Cero. Además, relató una tensa reunión con el secretario general, Eduardo Arteta Coronell, que —según afirma— tuvo un tono intimidante. “Pensó que por ser estudiante iba a agachar la cabeza, pero se equivocó”, sostuvo Vargas.

¿Censura disfrazada de reglamento?

El caso ha generado debate en la comunidad universitaria, donde sectores cuestionan si la institución está utilizando los estatutos para censurar voces críticas. Claudia Alejandra cuenta con apoyo legal y respaldo de sindicatos que también ven con preocupación la reacción de la administración frente a las denuncias estudiantiles. Por ahora, la universidad insiste en que el proceso sigue las vías institucionales, mientras en redes sociales y entornos académicos crece la discusión: ¿hasta dónde llega la libertad de expresión en una universidad privada?