La Agencia Nacional de Tierras encendió las alarmas tras denunciar la ocupación ilegal de varios predios en zonas rurales de Baranoa y Tubará, terrenos que habían sido adquiridos por el Estado para beneficiar a comunidades campesinas.
Según informó Javier Torres, coordinador regional de la entidad, durante una inspección se evidenció la presencia de personas que ya habían instalado viviendas improvisadas en los terrenos, asegurando que un tercero les autorizó el ingreso.
“Estos predios no son baldíos ni pertenecen a otras entidades. Son bienes comprados por la Agencia para la Reforma Agraria y su único fin es ser entregados legalmente a campesinos que cumplan los requisitos”, explicó el funcionario.
La entidad aclaró que estos terrenos hacen parte de programas oficiales impulsados por el Gobierno nacional, bajo la política de acceso a tierras promovida por el presidente Gustavo Petro, y que su asignación se realiza mediante procesos formales, gratuitos y con criterios definidos.
Torres advirtió que ninguna persona o intermediario tiene autoridad para ofrecer o vender estos predios, por lo que pidió a la ciudadanía no dejarse engañar ni pagar dinero a terceros.
La Agencia ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y reiteró que existen canales institucionales para quienes deseen acceder a tierras de manera legal, como su página web, redes sociales o la sede en Barranquilla.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la problemática de invasiones y ocupaciones ilegales en el Atlántico, afectando directamente los programas de reforma agraria destinados a poblaciones vulnerables.
